Ninguna sentencia en doce años. Esa es la cuenta del caso Ayotzinapa, donde 168 personas están procesadas por la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, según las cifras de la fiscalía recogidas por CBS News. El lunes 28 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) anunció cuatro líneas nuevas. Una parte apunta a funerarias y al Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, y otra a los teléfonos de tres estudiantes. Es un avance, pero también una confesión tácita: varias de esas pruebas estaban a la mano desde hace años. La FGR debe decir por qué no las siguió antes y comprometerse con plazos públicos que lleven los procesos a una sentencia.
Lo nuevo que se presentó
Quienes expusieron los avances fueron Mauricio Pazarán Álvarez, que encabeza la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, y Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ). El Financiero reseña que el cruce de las comunicaciones de esa noche dejó 17 nuevos objetivos de investigación, además de posibles vínculos entre Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas de funerarias. Entre marzo y junio de 2026 aparecieron 23 indicios, como fragmentos óseos y prótesis dentales. Los examina el Equipo Argentino de Antropología Forense.
se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, Guerrero
Político MX describe lo que las autoridades encontraron en la funeraria El Ángel: un horno clandestino, crematorios que funcionaban de manera irregular, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y certificados de defunción en blanco, pero con firmas y sellos oficiales. Un fragmento óseo de ese sitio coincidió genéticamente con uno localizado en 2021 a 123 kilómetros de distancia. La cuarta línea es el análisis de tres teléfonos de estudiantes.
Pistas que esperaron años
Lo publicado sobre el anuncio no trae ninguna explicación de la Fiscalía sobre el momento en que llega todo esto. Y sin embargo no hablamos de indicios remotos: los celulares de las víctimas, las llamadas de esa noche y el Semefo de la ciudad donde pasó todo son el primer paso de cualquier investigación por desaparición. Político MX cuenta que la hipótesis de las funerarias descansa, según la propia FGR, en las declaraciones de tres testigos colaboradores, identificados como «Sonia», «Damián» y «Neto», hechas entre 2020 y 2025. Pazarán afirmó que, al vincular esos testimonios con lo encontrado, «se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, Guerrero». Si una de esas declaraciones es de 2020, entre ella y los cateos corrieron unos seis años.
Hay una parte de la explicación que ya se conocía. En noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam expuso una versión que en enero de 2015 llamó «verdad histórica» y que ubicaba la incineración en el basurero de Cocula. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes la echó abajo en su primer informe, de septiembre de 2015. Murillo Karam fue arrestado en agosto de 2022 y acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. En julio, un juez le modificó las medidas cautelares y lo dejó salir de la prisión domiciliaria, aunque debe permanecer en su casa bajo supervisión electrónica; la nota indica que tampoco él tiene sentencia. Para el Centro Prodh, que acompaña a las familias, la verdad sigue sin aparecer porque las autoridades obstruyeron la investigación.
Eso explica parte del rezago, pero no todo. Tampoco el Ejército ha entregado todo lo que sabe. Un juez federal ordenó a la Sedena, en una sentencia que Político MX dio a conocer en marzo, entregar la información que en 2014 produjo el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala; el juez estimó que faltaban unos 853 folios.
La defensa de ir despacio
Hay buenas razones para no apresurarse. Ya se vio lo que deja la prisa en este caso: una verdad oficial montada en semanas con confesiones arrancadas mediante tortura. Una condena obtenida por atajos sería otra manera de garantizar impunidad. Los arrestos de este año sugieren que la investigación llegó a funcionarios de más rango. Entre ellos está el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien en agosto quedó vinculado a proceso por desaparición forzada por el presunto ocultamiento de videos.
Aquí aceptamos la premisa y rechazamos el salto. Evitar la prisa de 2014 no explica que 130 de esas personas lleven más tiempo en prisión preventiva sin que un tribunal defina su culpabilidad, según CBS News. El artículo 20 de la Constitución fija que esa medida nunca puede pasar de dos años, salvo que se alargue por el ejercicio del derecho de defensa del imputado. Doce años sin sentencias también son una falla frente a los procesados, que tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Fechas, no conmemoraciones
La FGR debería publicar un informe sobre por qué no se investigaron a fondo, antes de 2026, los teléfonos de los estudiantes, las llamadas de esa noche, las funerarias y el Semefo de Iguala, y sobre quién tomó esas decisiones. También debería dar un calendario procesal: de los 168 procesados, cuántos siguen en investigación, cuántos están en etapa intermedia y cuántos en juicio, con fechas estimadas. Los jueces ya establecen esos plazos expediente por expediente. En el caso de Aguirre, por ejemplo, el juez otorgó 120 días para cerrar la investigación complementaria. Bastaría con reunirlos y renovarlos cada trimestre, y no solo en septiembre.
A la Sedena le toca entregar los folios que un juez le ordenó. A la COVAJ, asegurar que las familias y el Equipo Argentino de Antropología Forense tengan acceso real a los 23 indicios recuperados este año.
Las familias de los 43 llevan doce años escuchando que hay avances. Los datos dicen otra cosa: solo se han identificado fragmentos óseos de unos pocos de los estudiantes, y esa misma cobertura consigna que nadie ha sido condenado.
