Aumentar los pagos con tarjeta, transferencia o código QR es un objetivo razonable. Lo que preocupa es cómo lo hizo la Cámara de Diputados el 6 de octubre. Su ley deja a Hacienda decidir en qué ramos ya no se aceptará el efectivo, y en lo que se ha difundido del dictamen no hay un criterio para esa decisión. También abre un expediente digital por persona, en un país donde ya no existe un órgano autónomo que cuide los datos personales. El Senado recibió la minuta y todavía puede enmendarla. Tiene que hacerlo.
El 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Los diputados la aprobaron en lo general con 330 votos a favor y 122 en contra, según Bloomberg Línea. Ya en lo particular, el boletín de la Cámara contabiliza cero abstenciones, 327 votos a favor y 122 en contra. Legisladores de MC, PRI, PT, PAN y Morena propusieron modificar 20 artículos y cuatro transitorios, y esas propuestas se retiraron o se desecharon. El Universal contó 92 reservas; ninguna prosperó. En San Lázaro el dictamen no cambió ni una coma.
Esa gradualidad depende de la voluntad de la propia Secretaría
Un poder sin reglas escritas
En una sola línea del boletín legislativo está la disposición de mayor alcance: Hacienda «determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago». El texto que se conoce no precisa con qué criterio un sector se vuelve estratégico, qué red de terminales o de conectividad debe haber antes de declararlo, ni qué evaluación de impacto hay que hacer. Al defender la ley, el morenista Carol Antonio Altamirano, quien preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la describió como un proyecto para ampliar los pagos digitales «mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación», según El Universal. Esa gradualidad depende de la voluntad de la propia Secretaría. Nación321 reportó que la exigencia arrancaría en casetas y gasolineras, pero según el boletín de la Cámara la facultad abarca más que esos dos giros.
El reparo constitucional tiene fundamento. Para la diputada de MC Claudia Ruiz Massieu, «la atribución que se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda es inconstitucional», porque vulnera la autonomía del Banco de México. Argumentó que la Ley Monetaria otorga a los billetes poder liberatorio ilimitado y, en su opinión, una dependencia del gobierno no puede decidir cómo circula la moneda, según Bloomberg Línea. En el artículo 28 de la Constitución, la emisión de billetes es área estratégica del banco central, que es autónomo en sus funciones. Banxico y la Profeco recordaron en agosto que cualquier comercio del país debe recibir monedas y billetes en circulación, informó El Imparcial. Con la nueva ley, una dependencia del Ejecutivo podría disponer lo opuesto, sector por sector.
Un país que sigue pagando con billetes
Datos del INEGI citados por Bloomberg Línea indican que 85 % de la población usa el efectivo con más frecuencia en compras de menos de 500 pesos, y que 73 % lo prefiere en montos mayores. Otra cifra: en el segundo trimestre de 2026, 98 % de las ocupaciones generadas fueron informales, según El Imparcial con datos del INEGI. Además, una de cada cuatro viviendas seguía desconectada: según la Encuesta Intercensal reseñada por CE Online, 75.7 % tenía acceso a internet en 2025.
Para quien cobra en efectivo, carece de cuenta o vive en una zona sin buena señal, el pago digital exclusivo opera como un filtro de acceso. Donde sea la única vía, la ley solo permite efectivo o cheque ante una contingencia, concepto que la ley define como un hecho extraordinario o imprevisible, ajeno a las partes, que impide pagar de forma digital. No hay lugar para el caso permanente de quien jamás abrió una cuenta. La oposición alertó que el costo de la digitalización caerá sobre consumidores y pequeño comercio, según Bloomberg Línea. Antes de imponerlo, la ley tendría que decir cómo se compensa.
Un expediente y nadie ajeno que lo cuide
El Expediente Digital Ciudadano nace en la ley «como un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de las personas usuarias». La ley también reconoce la CURP Digital para contratar servicios financieros, aunque quien use el servicio puede presentar otra identificación, según la Cámara. El boletín no dice quién podrá consultar el expediente, con qué fin, por cuánto tiempo ni con qué registro de accesos. El artículo 16 constitucional garantiza a todas las personas la protección de sus datos personales. Desde marzo de 2025, una vez extinto el INAI, la autoridad garante a nivel federal es Transparencia para el Pueblo, un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, según el decreto publicado en el Diario Oficial. Es decir, el expediente que armará el gobierno lo vigilará una oficina del propio gobierno.
Cuatro cambios para el Senado
El oficialismo tiene un buen argumento y vale reconocerlo: el efectivo favorece la evasión y el lavado de dinero, y rastrear mejor ciertas actividades puede aumentar la recaudación sin subir impuestos. Ese objetivo lo compartimos. Nos oponemos a que los límites queden fuera de la ley y a merced de quien recauda.
Pedimos cuatro modificaciones concretas a las comisiones del Senado, antes de la votación. La primera: que la ley fije por escrito los criterios con los que se declara un sector, con una cobertura mínima de terminales y conectividad, un análisis de impacto público y la opinión previa del Banco de México. La segunda: que las personas físicas conserven el efectivo en bienes y servicios básicos. La tercera: que el Expediente Digital Ciudadano sea voluntario, tenga finalidades listadas, una bitácora de accesos al alcance del titular y sanciones para quien lo use con otro objetivo. La cuarta: que Banxico sea citado a comparecer sobre si la facultad dada a Hacienda es constitucional.
Si el Senado cambia la minuta, esta volverá a San Lázaro. Esa demora se cuenta en semanas; enmendar una mala ley que ya está vigente suele llevar años y litigios.
