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Cayó «El Tanque», pero el negocio del combustible robado se desarma con cuentas y empresas, no con arrestos

Capturar a Iván Cazarín Molina en Zapopan es un logro de seguridad, pero su alcance depende de que la Fiscalía siga la pista de las 26 empresas señaladas por el Tesoro de EU y aclare los nexos con los Olán que mencionan los audios.

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Editorial Culto Diario · Lectura de 5 min
Cayó «El Tanque», pero el negocio del combustible robado se desarma con cuentas y empresas, no con arrestos

Iván Cazarín Molina, «El Tanque», fue detenido el lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. Su caída pega de verdad al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero el arma y el vehículo que llevaba no son la medida de un operador del huachicol: lo son el dinero que movió y la gente que lo ayudó a hacerlo. Si la Fiscalía General de la República (FGR) se conforma con procesar al detenido y no recorre ese camino, incluido el tramo que toca a la familia del empresario Jorge Amílcar Olán, el expediente quedará en la pieza más sencilla de sustituir.

El perfil de Cazarín Molina

La captura la dio a conocer el 6 de octubre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Intervinieron la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad (SSPC). Según El Universal, Cazarín Molina es considerado operador regional del CJNG en Puebla, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Las acusaciones que se le atribuyen van de homicidio y extorsión a lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas, privación ilegal de la libertad y cooptación de autoridades. Proceso lo relaciona además con el ataque a un helicóptero Cougar de la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, donde viajaban 18 personas. Un arma, dosis de droga y un vehículo quedaron asegurados, y él, a disposición del Ministerio Público.

Él maneja todo eso, los conoce a todos

Tampoco es la primera vez. En noviembre de 2015, a seis meses del ataque, las autoridades federales ya habían anunciado su captura, según esa misma nota de Proceso. El precedente enseña que arrestar a alguien no desmantela el negocio.

Más que la lista de delitos, lo que debería ordenar la investigación es una sanción previa. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sancionó como cabeza de una red de al menos ocho personas y 26 empresas que se dedicaban a evadir impuestos y a pasar combustible de contrabando por la frontera, de acuerdo con El Universal. CBS News recoge que, según el Tesoro, ese robo de combustible dejaba decenas de millones de dólares al año a él y al CJNG.

Por eso la FGR no arranca desde cero. Montar una red de evasión fiscal y contrabando de combustible exige facturas, cuentas bancarias, razones sociales, representantes legales, transportistas y compradores; todo ello deja rastro ante el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los bancos. Entre la sanción del Tesoro y la captura transcurrieron dos años, y no sabemos qué hicieron las autoridades mexicanas en ese lapso con las 26 empresas que Washington señaló. Esa es la primera pregunta que tienen que contestar.

Al negocio no le duele que arresten a una persona, sino que le quiten las empresas, las cuentas y los contactos con los que la gasolina robada se vuelve dinero limpio.

Las grabaciones de los Olán

En agosto, Latinus difundió grabaciones telefónicas de 2023 en las que aparecen los hermanos Olán. Jorge Amílcar Olán es empresario y amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. Forbes México reporta que, en una llamada con el empresario Ángel Montero, Amílcar Olán dice de su hermano Luis Alberto: «Mi hermano va a estar al mando de todo, ya habló con toda la gente de allá, de la “malandrada”… Él maneja todo eso, los conoce a todos». En otra grabación, Luis Alberto Olán afirma: «Él sabe que yo conozco al “Tanque”, aquí, al de la maña».

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila Víctor Sánchez escribió en X que «El Tanque» es «la conexión del CJNG con la red de socios de Andy López Beltrán», según El Universal. Ese diario retoma el reportaje de Latinus, de acuerdo con el cual Luis Alberto Olán ha sido acusado de homicidio, robo y asociación delictuosa; el medio no encontró registro de que lo hayan procesado ni encarcelado por esos delitos.

Ernestina Godoy, la fiscal general, contestó «No, no hay nada» el 16 de septiembre, cuando le preguntaron si existía orden de aprehensión contra Amílcar Olán, y «Tampoco» respecto de López Beltrán, según Forbes México. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, si hay pruebas contra el empresario, la FGR tiene que abrir una carpeta. Forbes México informó que no hay investigación abierta en su contra y que TV Azteca lo ubicó en Suiza.

La objeción más sólida y la respuesta

Hay una objeción seria y la reconocemos. Una grabación no prueba un delito, y decir que se conoce a alguien no equivale a asociarse con esa persona. Las conversaciones difundidas tampoco muestran a López Beltrán hablando con Cazarín Molina; atribuirle conocimiento o participación sin pruebas sería injusto. Y un fiscal que se mueve por presión mediática degrada la justicia.

Estamos de acuerdo con todo eso, y justo por eso llegamos a la conclusión contraria. Solo una investigación puede determinar si los audios son auténticos, si cuentan hechos o presumen de más, y si hubo dinero entre la red de «El Tanque» y empresas ligadas a los Olán. Si no lo hubo, una indagatoria rigurosa protege a quienes fueron mencionados. Si lo hubo, pasarlo por alto convertiría la captura en un trofeo y dejaría el negocio intacto. Lo inaceptable es que la cercanía con la familia del expresidente opere, en los hechos, como un tope a la investigación.

Tres peticiones concretas

A la FGR, por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, le pedimos abrir una línea patrimonial paralela a la penal: que rastree las 26 empresas identificadas por la OFAC, solicite al Tesoro la información que sustentó la sanción por los canales de cooperación vigentes y diga si existe una carpeta de investigación relacionada con los hermanos Olán.

A la UIF, que informe públicamente si bloqueó cuentas de esa red después de septiembre de 2024 y, de no ser así, por qué.

A la propia FGR, también, que cite a Luis Alberto y a Jorge Amílcar Olán para que expliquen lo que dicen en las grabaciones, y que ordene un peritaje sobre su autenticidad.

Desde que Washington expuso la red hasta la captura pasaron dos años. Seguir el dinero no debería llevar otros dos.

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