Otra vez Donald Trump puso en duda el tratado: «Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC», según recogió Aristegui Noticias. Más que la frase, preocupa el formato que ya tiene la revisión de 2026: mesas separadas con cada socio y un tratado que se examinaría cada año. Con ese esquema, México no debería sentarse a negociar mientras el Senado no establezca un mandato público, con objetivos medibles y un inventario de lo que el gobierno está dispuesto a conceder.
Qué cambió en la revisión
Desde el 1 de julio de 2020, cuando entró en vigor, el T-MEC preveía una revisión conjunta al cumplirse seis años. México y Canadá propusieron extenderlo otros 16. Washington rechazó la idea y ofreció mantenerlo diez años, con revisión anual, hasta 2036, de acuerdo con la misma nota. Y optó por negociar de forma bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reconoció así: «por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México; nosotros tenemos conversaciones, todavía no llegamos a acuerdos».
Estoy pensando que quizá no podamos llegar a un acuerdo, preferiría no tener el T-MEC
En la mañanera de este lunes, Sheinbaum le contestó a Trump que concluir la revisión no equivale a acabar con el tratado, pues es una ley aprobada por los congresos de los tres países. Habló además de «avances significativos» con Washington, de acuerdo con la transmisión que reseñó Uno TV.
La respuesta presidencial y hasta dónde llega
Sheinbaum tiene razón en lo formal: mientras nadie lo denuncie, el tratado sigue vigente. Aun así, el artículo 34.6 del T-MEC permite que cualquiera de los tres países salga con seis meses de aviso por escrito. La vigencia jurídica protege poco si la otra parte afirma en público que preferiría no tener el acuerdo.
El perjuicio de las revisiones anuales no depende de que el tratado termine. Una planta automotriz o una acería se proyectan a diez o veinte años. Reabrir la negociación cada doce meses significa que, en cada ciclo, pueden llegar exigencias nuevas, y la incertidumbre se vuelve permanente. Para quien quiere presionar, ahí hay una palanca.
Dos mesas, un solo Washington
El T-MEC se concibió como un tratado regional. Sus reglas de origen, empezando por el 75 % de contenido regional que se exige a los autos, se miden con la producción de los tres países en conjunto. Negociar en dos mesas rompe ese principio y le quita a México un contrapeso en la revisión: su postura común con Canadá a favor de prorrogar el tratado 16 años. Con dos interlocutores por separado, Washington puede usar lo que ceda uno para presionar al otro.
Hay un segundo problema. El 9 de octubre, Sheinbaum expuso como argumento comercial una reducción de 98 % en el cruce de personas por la frontera y una caída de 75 % en el decomiso de fentanilo en Estados Unidos, con la meta de que se bajen los aranceles a autos y acero. México quiere además rebajar los del aluminio y evitar aranceles nuevos durante la revisión. Poner resultados de migración y seguridad en la mesa comercial puede rendir a corto plazo, pero los vuelve moneda de cambio. Con revisiones anuales, esa moneda se exigirá cada año, y el Senado debería saber cuánto se ha ofrecido y a cambio de qué.
La mejor objeción
Toda negociación pide discreción. Quien muestra sus líneas rojas queda más débil, y un acuerdo bilateral quizá le daría a México alivios por sector antes que una mesa trilateral atorada. El argumento es serio y merece respeto, pero confunde táctica con objetivos. Que el negociador reserve cuánto cederá en cada punto es razonable. Lo que no puede mantenerse en secreto es qué busca el país, qué está dispuesto a poner sobre la mesa y cómo se sabrá si lo consiguió.
En 2004, el Congreso ya había zanjado esa disyuntiva. La Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica ordena que el Senado solicite, al iniciar cada periodo ordinario, un informe con «las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo», los beneficios que se esperan y un programa calendarizado de la negociación. Prevé una subcomisión plural de seguimiento, obliga a entregar informes periódicos y faculta a las comisiones para citar a comparecer a los funcionarios. Dispone también que ciudadanos, empresas y sindicatos pueden dar su opinión ante el Senado y que esas comunicaciones serán públicas, salvo que otra disposición legal diga lo contrario.
Cuatro cosas que pedir
Esas facultades conviene usarlas ya, en este periodo de sesiones. Primero, pedir a la Secretaría de Economía el informe que la ley contempla sobre la revisión del T-MEC, con metas precisas: qué nivel de arancel quiere México para autos, acero y aluminio, y en qué plazo. Segundo, crear la subcomisión plural y programar comparecencias públicas. Tercero, solicitar al Ejecutivo que aclare su estrategia frente a las revisiones anuales y si insistirá en la extensión de 16 años, además de un inventario de los compromisos de migración y seguridad ya puestos sobre la mesa. Cuarto, votar un punto de acuerdo que enumere lo que el Senado considera innegociable.
Negociar con estas reglas no pone en riesgo los intereses de México. Lo que sí los arriesga es entrar a diez años de revisiones anuales sin que el Senado ni la ciudadanía sepan qué se discute en cada una.
