Cinco creadores de pueblos originarios aprovecharon el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural desde 2020, para pedirle al Estado otra cosa que no sea tutela: presupuesto, materiales y acceso a mercados. El Universal reunió sus testimonios, que llegan mientras se discute el gasto público. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 aparece una unidad nueva, la de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), con 221.8 millones de pesos. Además, los recursos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) crecen 18.2 % en términos reales.
Los cinco entrevistados son estos. Alfredo Guzmán Cayetano, poeta y cineasta mazahua, escribió Te encontraré en el bonrro, Mizhokjimi mío (UNAM, 2026). Noé Martínez es artista visual y cineasta de ascendencia huasteca y participó en la Bienal de Venecia de este año. Claudia Marinclán, de origen jñatrjo y náhuatl, trabaja en las artes escénicas y fue becaria de Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) 2022-2023. Esteban Bartolomé Segundo Romero es poeta y promotor cultural mazahua. Christian Ortiz Eleno es cartonero de segunda generación y suma 24 años de oficio. Del apoyo institucional, los cinco critican el utilitarismo, la repetición de clichés y el paternalismo.
La historia es contada por los vencedores, pero el tiempo le da la razón a los vencidos
Qué reclaman
Guzmán Cayetano acusa a las instituciones de encerrar la identidad indígena en una sola categoría. «Detrás de la palabra indígena hay estereotipos raciales, económicos y culturales muy presentes», dijo al diario. Recordó que en México existen 68 pueblos y que cada uno es una nación distinta. Añadió que los apoyos se dirigen sobre todo al sur del país y que los pueblos del centro y del norte quedan sin atención. «Hay algo de paternalismo muy fuerte en el gobierno todavía, pensando que necesitamos ser salvados, pero en realidad necesitamos las condiciones para crear, para hacer, para vender, para levantar», señaló. También cuestionó el mestizaje: a su juicio, es una mentira que le conviene al país.
Los números del censo muestran de dónde viene esa concentración. El comunicado del INEGI sobre el Censo de Población y Vivienda 2020 indica que Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero concentran 50.5 % de los 7,364,645 hablantes de lengua indígena de tres años o más. Si se cuenta a quienes se reconocen como indígenas, la cifra es bastante mayor: 23.2 millones de personas, es decir, 19.4 % de la población de esa edad. De ellas, 69.2 % no habla una lengua originaria. En total, el instituto registra 68 lenguas indígenas en uso; encabezan la lista el náhuatl (22.4 %), el maya (10.5 %) y el tseltal (8.0 %).
Noé Martínez habló de la distancia entre lo que se dice y lo que se hace desde la política pública. «Estamos a muchos años de que la política pública se refleje con el discurso cultural», afirmó. Calificó de «muy incipientes» las políticas actuales y dijo que «después de varios años vamos a saber qué tanto aportan o no». Reconoció que le va bien al artesano que vende en espacios como Los Pinos u Original a un precio «justo, entre comillas», pero que eso no asegura el desarrollo ni la continuidad de las artes propias. Sobre los gestos simbólicos fue explícito: «Quitar un nombre de la calle es uno de los ingredientes para guisar, pero no tenemos un platillo si los otros elementos no están».
Según Segundo Romero, hace falta presupuesto para que los pueblos originarios hagan investigación y preparen materiales didácticos para docentes y niños. «Nos falta mucho por hacer, por ejemplo, recuperar nuestra historia, que es netamente oral», dijo.
Entre la visibilidad y el folclor
Marinclán valoró que se dé visibilidad a comunidades que necesitaban atención y que se preserven costumbres, tradiciones y rituales. Aun así, advirtió: «Siento que eso también enmarcaba mucho la creación a un sistema cerrado». En su opinión, esa estructura parecía imposible de romper, «como si la población indígena no tuviera miles de formas para desarrollarse y muchos lenguajes». Y sobre rescatar las lenguas originarias, dijo que no se trata solo del idioma: «Es recuperar una ideología, una cosmovisión, una experiencia de vida».
Ortiz Eleno agradeció que las autoridades quieran reintegrar las lenguas originarias, pero señaló que algunos pueblos estarían mejor «detrás de un aparador». Alertó además sobre la folclorización: «Muchos pueblos por querer sacar recurso, están intentando regresar a sus raíces, pero desde un punto de vista folclorizado, sin usos y costumbres, sin tradiciones». Y remató: «La historia es contada por los vencedores, pero el tiempo le da la razón a los vencidos».
Lo que trae el presupuesto 2027
La propuesta de gasto que recibió la Cámara de Diputados reserva 15,858 millones de pesos para la Secretaría de Cultura federal; en 2026 fueron 15,082 millones. Eso es un aumento real de 1.9 %, según el análisis de Excélsior. Una de las novedades es la UCVPII, que dirige Diego Prieto y tendría 221,751,000 pesos.
A Fonart el proyecto le asigna 170.2 millones de pesos, frente a los 139.5 millones actuales. Excélsior atribuye el aumento en parte a que el fondo administrará el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Fonart es un fideicomiso público del Gobierno federal que se define como organismo rector de la actividad artesanal. Su mandato formal va en línea con un reclamo de los entrevistados: acompañar al artesano desde que produce hasta que vende.
No todos los rubros suben. Según ese análisis, el INBAL tendría una disminución real de 2.9 % y el INAH, de 2.2 %; la Subsecretaría de Desarrollo Cultural bajaría de 692.8 millones a 184.4 millones de pesos. Excélsior no precisa qué parte del dinero de la UCVPII se dedicará a becas, investigación o materiales, justo los conceptos que piden los creadores.
La ley y los próximos pasos
Desde enero de 2022 rige la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Reconoce a las comunidades la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos y expresiones tradicionales, y para que alguien más los use pide su consentimiento libre, previo e informado. El artículo 74 define la apropiación indebida y el 75 la castiga con dos a ocho años de prisión. La ley protege el patrimonio contra el mal uso, pero no crea un fondo propio: su segundo transitorio establece que los gastos de su aplicación salen del presupuesto aprobado de las dependencias.
Hasta el 15 de noviembre tiene la Cámara de Diputados para aprobar el PEF 2027, y entonces se verá si la UCVPII y el incremento a Fonart conservan sus montos.
Las cifras son las del proyecto que envió el Ejecutivo y pueden cambiar durante la discusión legislativa.
