Tenía dos años. Su familia lo llevó de visita al Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, el jueves 8 de octubre, y allí lo mató un enfrentamiento armado. Con otra riña al día siguiente, el saldo fue de 12 muertos en menos de 24 horas. El gobierno federal respondió dos días después con una cárcel nueva de la que nadie ha dado monto, plazo, capacidad ni ubicación. Esa obra futura no sustituye una explicación urgente: quién dejó que hubiera armas en un penal del Estado y qué custodios y mandos van a rendir cuentas.
Lo que está documentado
Publimetro documentó que el primer ataque dejó diez muertos, entre ellos nueve internos y el niño, que acompañaba a su familia, y 16 heridos. Ya en la mañana del viernes 9, otra riña, en un módulo distinto, costó la vida a dos internos. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa emitió un primer reporte, recogido por Grupo Animal, según el cual un grupo de hombres con armas de fuego de grueso calibre «ingresó de manera violenta al penal». Ahí se hablaba de diez internos y un visitante fallecidos, y los reportes siguientes corrigieron a nueve internos y el niño. Quien investiga es la Fiscalía General del Estado.
el resto de la población penitenciaria se encuentra bien
Esa misma comunicación aseguraba que el centro estaba «bajo control»; Publimetro la cita también al decir que «el resto de la población penitenciaria se encuentra bien». La intención de tranquilizar a las familias es comprensible, pero el estándar que fija no lo es: una cárcel se declara controlada con diez muertos recientes. Al día siguiente hubo dos más.
La pregunta sin respuesta
Dentro de un módulo, las armas no brotan solas. Atraviesan la aduana del penal, con sus revisiones y sus registros, o las mete alguien que tiene llaves, turno y firma. Y si se trató de un comando que entró a la fuerza, como insinúa el primer reporte, queda otra duda igual de grave: cómo avanza un grupo armado hasta la población de un penal estatal sin que nadie lo detenga en la entrada.
Sea cual sea la hipótesis, el sistema penitenciario de Sinaloa tiene responsables con nombre y cargo. Culto Diario revisó las fuentes disponibles y, al 12 de octubre, ninguna menciona a un solo funcionario suspendido o señalado por la Fiscalía. No sería, además, la primera alerta: Grupo Animal anota que el 26 de junio de 2025 una riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó un muerto y tres heridos.
Un penal prometido
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, publicó el 10 de octubre un mensaje en X: por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal levantará en Sinaloa, con recursos federales, un centro penitenciario «moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario», según Expansión Política. El mensaje no trae cifra, fecha, capacidad ni terreno. Mientras, El Castillo está reforzado por la Guardia Nacional y personal del órgano federal de Prevención y Readaptación Social, y las visitas familiares se reanudaron el sábado 10 y continuaron el domingo 11.
Hay que reconocerle un argumento serio al anuncio. En principio, los penales federales tienen controles de acceso más estrictos y plantillas menos expuestas a las organizaciones criminales locales, y trasladar ahí a los internos más peligrosos podría romper el vínculo entre la calle y el módulo. También es verdad que la Fiscalía apenas lleva cuatro días en el caso, y que pedir culpables al instante abre la puerta a fabricarlos.
Pero nada de eso sirve de excusa para el silencio sobre el jueves. Sin presupuesto ni calendario, un penal no puede evaluarse ni fiscalizarse, y el anuncio traslada el debate de una falla de hace cuatro días a un futuro sin fecha. La investigación penal puede llevar meses. Informar quién estaba de guardia, por qué acceso pasaron las armas y qué medidas administrativas se tomaron con los encargados de la custodia, en cambio, no depende de ninguna sentencia.
Sinaloa, el mismo fin de semana
Sinaloa lleva desde el 9 de septiembre de 2024 en medio de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa, y ahí ocurrió lo de El Castillo. El domingo 11 mataron a balazos, en el centro de Escuinapa, a José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil, quien horas antes había supervisado zonas de riesgo en Teacapán, Isla del Bosque y Dámaso Murúa junto con el alcalde Víctor Díaz Simental, de acuerdo con Milenio. Nadie ha sido detenido.
Con datos del Gabinete de Seguridad, Latinus sumó 140 homicidios en todo el país entre el viernes 9 y el domingo 11. El viernes y el domingo, Sinaloa fue el estado con más casos, diez cada día; el domingo, con 57 asesinatos, tuvo la cifra diaria más alta desde el 12 de julio.
Lo que pedimos
Culto Diario pide cuatro cosas concretas. Una: que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa diga en 30 días cómo ingresaron las armas a El Castillo, por qué acceso y en qué turno, y si hay custodios o directivos investigados. Dos: que la SSP estatal publique la cadena de mando del penal el 8 de octubre y aparte de sus funciones, mientras dure la indagatoria, a quienes tenían a cargo la aduana y los módulos donde se disparó. Tres: que la Secretaría de Seguridad federal detalle por escrito el penal prometido, con monto, ubicación, capacidad y fecha de apertura. Cuatro: que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abra una queja de oficio por la muerte de un niño dentro de una instalación estatal.
Esa familia entró al penal convencida de que el Estado vigilaba la puerta. Tiene derecho a saber quién la dejó abierta.
