Un juez dijo que el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui podía seguir su proceso en libertad. Al salir de esa audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo por otro delito y lo trasladó al penal del Altiplano. Cada paso puede tener sustento legal. Lo que no puede ocurrir es que el país se entere del caso solo por detenciones sucesivas.
Lo que se sabe
El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue detenido el sábado 17 de octubre de 2026, por orden de un juez de control, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La causa es 3055/2026 y también incluye una orden contra Guillermo Arturo Zuany Portillo. En la audiencia inicial, el juez rechazó la prisión preventiva que se pidió por posible riesgo de fuga y fijó medidas cautelares: firma mensual, prohibición de salir del estado y del país, entrega de pasaporte y visa, y no acercarse a testigos. La FGR cumplió después una orden por traición a la patria, delito federal.
Los datos de prueba descritos en los reportes apuntan a que dos agentes de la CIA habrían hecho labores de seguridad en Chihuahua sin autorización federal, desde octubre de 2025. En el operativo de abril, en la Sierra del Pinal, murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la agencia estatal de investigación. Jáuregui renunció el 27 de abril. Nadie ha sido sentenciado.
La postura
Nadie debería escribir sobre este caso como si ya hubiera una sentencia. Jáuregui merece presunción de inocencia, y la gravedad de los delitos que se le atribuyen no la suspende.
Pero esa presunción aplica a los dos lados del expediente. La FGR tiene la facultad de actuar por un delito federal, y también la obligación de explicar por qué lo hace. Una segunda orden de aprehensión cumplida al salir de una audiencia en la que un juez consideró excesiva la prisión preventiva plantea una pregunta legítima de proporcionalidad, sin presumir mala fe: ¿qué hechos distintos sostienen cada delito?
Hay también una pregunta de fondo que las detenciones no responden. Si los agentes extranjeros operaron sin autorización federal, como sostiene el Ministerio Público, la responsabilidad no debería terminar en dos exfuncionarios locales. Alguien en una cadena de mando conoció o permitió su presencia, y el país tiene derecho a saber quién.
Además, Jáuregui, según los reportes, aspiraba a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua, y la gobernadora Maru Campos Galván había dicho que existían carpetas en su contra. Con elecciones en 2027, cualquier opacidad en este caso va a leerse como cálculo político, venga de donde venga.
Tres preguntas que el expediente debe contestar
La primera es qué hechos distintos sostienen cada delito: el ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por un lado, y la traición a la patria, por otro. Si son los mismos hechos, hay que explicar la calificación; si son diferentes, hay que decirlo.
La segunda es quién autorizó, supervisó o conoció la presencia de los agentes. El Ministerio Público presentó reservaciones de hotel de octubre de 2025, enero y abril de 2026, contratos de renta de autos y geolocalización. Esa documentación cubre varios meses; el expediente debería precisar quién la conoció.
La tercera es cómo se coordinan la Fiscalía estatal y la FGR. Una detuvo el sábado y la otra cumplió su orden después de la audiencia; que dos autoridades actúen en secuencia no es irregular, pero exige una explicación pública de cómo reparten el caso.
Qué se le pide a la autoridad
- A la FGR y a su titular, Ernestina Godoy: que publique una versión pública de la orden de aprehensión por traición a la patria, con los hechos que atribuye, y la fecha de la siguiente audiencia.
- A la misma FGR: que informe si la investigación alcanza a quienes autorizaron o supervisaron, en cualquier nivel de gobierno, la presencia de agentes extranjeros, o si se limita a los dos exfuncionarios señalados.
- A la Fiscalía de Chihuahua, a cargo de Gilberto Loya como encargado de despacho: que aclare qué hechos sostienen la causa local frente a los de la federal.
La objeción previsible
Se dirá que hay información que no puede hacerse pública por razones de seguridad nacional o de relación con Estados Unidos. Hay formas de resolverlo: versiones públicas con tachaduras, resúmenes de los hechos y audiencias con acceso para la prensa en lo que la ley permita. Cuando están en juego cuatro muertes y un delito de traición a la patria, el secreto total no es una opción neutral.
También se dirá que criticar a la FGR equivale a defender a Jáuregui. No es lo mismo. Pedir un expediente claro protege a la acusación tanto como a la defensa, porque una condena sin explicación pública vale menos que una condena que se puede revisar.
Lo pendiente
Hasta el 19 de octubre, las fuentes consultadas no informan la fecha de la siguiente audiencia por el caso federal ni el contenido de la orden por traición a la patria.
