En el Senado, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, votaron este 12 de octubre una reforma a la Ley General de Educación y la aprobaron por unanimidad, con 27 votos. Con ella, los dispositivos digitales personales quedarían restringidos en educación básica mientras dure la jornada escolar. El dictamen sale 22 días antes del 3 de noviembre, fecha en que entra en aplicación el acuerdo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó para restringir los teléfonos inteligentes en las escuelas de ese nivel, según DPL News. Ni en el comunicado del Senado hay mención de recursos para ejecutar la medida; los pormenores se dejan a unos lineamientos con plazo de 180 días para emitirse.
DPL News difundió ese mismo día la posición de la oficina de Unesco en México, que reclama formación junto con las restricciones. El representante del organismo en el país, Andrés Morales, señaló que 58 % de los países, es decir 114 sistemas educativos, ya cuenta con reglas para limitar teléfonos en los planteles; sin embargo, solo 43 % integra la alfabetización digital, mediática e informacional a sus planes de estudio formales.
la tecnología no es adversaria de la educación, siempre que esté al servicio del aprendizaje y no compita con él
Los cuatro artículos que se tocan
La reforma toca cuatro artículos. Según el 84, durante la jornada escolar en educación básica se restringirán los dispositivos personales, salvo que sean para fines pedagógicos, emergencias o motivos de discapacidad, inclusión o salud. Con el 30, la alfabetización digital, mediática e informacional entra a planes y programas de estudio. El 85 agrega la agenda digital educativa y el fomento del bienestar digital. El 115, por último, deja claro que el uso seguro de las tecnologías incluye los dispositivos digitales personales.
El tratamiento varía por nivel. En educación básica rige la restricción. En media superior, las comunidades construirán acuerdos propios a través del diálogo. En educación superior se impulsará un uso responsable que respete la autonomía institucional.
Los transitorios dan continuidad a lo dispuesto por la SEP en materia de celulares y fijan 180 días para los lineamientos. Lo que el comunicado legislativo no dice es quién vigilará el cumplimiento escuela por escuela, ni con qué presupuesto se pondrá en marcha el nuevo contenido curricular.
Lo que dijeron los senadores
Para Aníbal Ostoa Ortega, secretario de la Comisión de Educación, el proyecto busca «que la escuela sea un espacio para aprender, convivir y crecer». Al explicar su alcance, dijo: «Este dictamen apuesta por un enfoque formativo, preventivo y de corresponsabilidad, más que por uno restrictivo o punitivo, lo hacemos conscientes de que la ley es solo una parte de la respuesta; su éxito dependerá de las maestras y maestros, de las familias y de las comunidades escolares, a nosotros nos toca acompañarlas y respaldarlas». Añadió que «la tecnología no es adversaria de la educación, siempre que esté al servicio del aprendizaje y no compita con él».
El tema merece atención, planteó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, porque «se trata de la manera en que la infancia, adolescencia y los jóvenes se relacionan con el mundo». Según él, sin orientación y sin límites adecuados el celular puede generar problemas en la enseñanza, la convivencia y el bienestar, además de sumarse a riesgos como la desinformación, el ciberacoso y los contenidos violentos.
El respaldo fue unánime, pero varios legisladores matizaron su voto. Por el PRI, Carolina Viggiano Austria adelantó el sí de su grupo y dijo que «la educación pública no puede limitarse a apagar el celular en las clases, sino a enseñar cómo utilizarlos correctamente». Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, apoyó el trato diferenciado por nivel y la alfabetización digital, aunque afirmó que «es necesario abordar el tema de la salud mental del alumnado y el ciberacoso».
Del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez compartió la idea de limitar los teléfonos en la jornada escolar, en especial en educación básica, porque así se favorece «la convivencia, la actividad física y el aprendizaje»; pidió también atender los riesgos de las redes sociales. El morenista Alfonso Cepeda Salas planteó que la medida vaya de la mano de una formación digital integral, de modo que el estudiantado use estas herramientas «de manera crítica, ética y segura». Por el PT, Alberto Anaya Gutiérrez afirmó que «el interés superior de los menores debe ser el objetivo de la reforma».
La consulta de la SEP
En su intervención, Huerta Ladrón de Guevara citó una consulta de la SEP en la que participaron más de 565,000 figuras educativas. El 88.8 % de ellas estuvo de acuerdo con acotar el uso de dispositivos digitales mientras dura la jornada escolar, y 79.7 % identificó problemas para sostener la atención de sus estudiantes. En el comunicado no se aclara cuántos de los participantes eran docentes, directivos o madres y padres, ni cuál fue el método del ejercicio.
Lo que pide Unesco
Morales reconoció que los criterios pactados entre autoridades educativas locales y federales son útiles, aunque subrayó que para manejar bien la tecnología hace falta formar a estudiantes y docentes en un uso ético, pedagógico y reflexivo de las herramientas digitales, según la nota de DPL News. También dijo que solo 17 países cuentan con políticas integrales y de gran alcance en alfabetización mediática e informacional.
Rosa Wolpert, oficial de Educación de Unesco en México, sostuvo que retirar las pantallas, por sí sola, no garantiza un mejor nivel educativo: hay que potenciar desde temprano la lectura, la redacción, el pensamiento crítico, la memoria y la interacción escolar. La propuesta del organismo es que las limitaciones se combinen con alfabetización crítica, seguimiento constante y equidad educativa.
En parte, la reforma de comisiones acoge esa recomendación, pues lleva la alfabetización mediática al currículo. Lo que no establece, al menos en lo que difundió el Senado, es cómo se capacitará a los docentes que tendrán que impartirla.
Una iniciativa aparte: redes sociales y menores de 13
El 10 de octubre, dos días antes, Anaya presentó una iniciativa que agregaría el artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con la propuesta, los menores de 13 años no podrían crear, contratar, registrar, mantener ni usar cuentas en redes sociales, y las plataformas tendrían que comprobar la edad de sus usuarios y usar ese dato únicamente para eso.
Quien tendría la responsabilidad serían las empresas, no los menores. Anaya, senador del PT, citó como riesgos el ciberacoso y la exposición a contenidos violentos, sexuales o discriminatorios; como referencia, mencionó avances en la Unión Europea y cambios legislativos en Brasil y Colombia. Las comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia recibieron el turno de la iniciativa.
El siguiente paso: el pleno
Ahora el dictamen llega al pleno del Senado, donde los grupos de Movimiento Ciudadano y del PRI anunciaron que presentarán reservas. Mientras, el acuerdo de la SEP empezará a regir en las escuelas de educación básica el 3 de noviembre, sin que la reforma haya terminado su trámite y sin que se conozcan los lineamientos que la ley prevé.
