Dos recursos, un mismo destino: el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo. Google los presentó el 29 de septiembre para pelear las decisiones que la Comisión Europea le notificó en julio. Una le exige compartir datos anonimizados de búsqueda con buscadores y chatbots competidores; la otra, dejar que los asistentes de inteligencia artificial de terceros usen las mismas 11 funciones de Android que hoy tiene Gemini, según The Next Web. Además, la empresa pidió medidas cautelares para detener la orden de los datos de búsqueda hasta que haya sentencia. Mientras el tribunal no diga otra cosa, el calendario se mantiene: enero de 2027 para empezar a intercambiar datos y, para abrir Android, el 1 de agosto de ese año como límite.
Detrás hay un asunto que la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) no resolvió cuando entró en vigor en noviembre de 2022. ¿Hasta dónde puede un regulador forzar a una plataforma dominante a ceder a sus rivales los insumos de su ventaja? El caso de ahora gira en torno a quién competirá en la búsqueda asistida por IA y en los asistentes del celular.
obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios
Lo que Bruselas le ordenó a Google
La Comisión abrió dos procedimientos de especificación el 27 de enero de 2026. Con ese instrumento de la DMA, el regulador define con precisión cómo tiene que cumplir sus obligaciones un guardián de acceso. El 16 de julio los cerró con dos decisiones vinculantes.
La primera desglosa el artículo 6(7), que reclama interoperabilidad efectiva con las funciones del sistema operativo. La ficha de la Comisión enumera 11 funciones de Android, en cuatro grupos: invocación, contexto, acciones sobre apps y sistema, y acceso a recursos. Entre ellas, que el teléfono esté siempre atento a la palabra de activación, que se pueda automatizar la pantalla y que corran modelos de IA dentro del aparato. La mayoría tiene que llegar con Android 18, el 1 de agosto de 2027 como máximo. Para que varios asistentes detecten a la vez sus palabras de activación hay más plazo: Android 19, con límite el 1 de agosto de 2028. Cinco de las funciones se califican como sensibles, y en ellas Google podrá fijar condiciones objetivas de elegibilidad.
Según explicó la propia Comisión, el resultado práctico sería poder llamar por voz al asistente que se elija, como hoy se hace con «Hey Google», y pedirle que reserve un taxi o que sugiera respuestas en un chat.
La segunda decisión parte del artículo 6(11). Este manda que el buscador designado reparta, con condiciones justas, razonables y no discriminatorias, datos anonimizados de clasificación, consultas, clics y visualizaciones. Entre quienes podrán recibirlos, el documento técnico de la Comisión cuenta a los chatbots de IA con funciones de búsqueda. Los requisitos para ser receptor son tres. Primero, acreditar dos años de operación en la UE o, si la empresa es más nueva, más de 50 millones de euros de capital reunido. Segundo, promediar 50,000 usuarios mensuales en la Unión. Tercero, procesar los datos en el Espacio Económico Europeo o bajo garantías equivalentes a las del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Así se anonimiza: se quitan identificadores como las direcciones IP, se eliminan las consultas muy largas o con palabras raras, y cada usuario se agrupa con al menos 1,000 personas que comparten ubicación, dispositivo e idioma. El 95 % queda en grupos de 25,000 o más. Los historiales de búsqueda y los datos de las cuentas no entran en el paquete. Los datos se entregarán con un desfase mínimo de siete días y únicamente podrán servir para mejorar servicios de búsqueda, incluido el anclaje de las respuestas de los chatbots. Entrenar modelos de IA de propósito general, perfilar consumidores u optimizar publicidad está prohibido. En cuanto al precio, debe alcanzar para los costos incrementales de Google y un rendimiento razonable, sin rebasar el costo de capital de Alphabet.
Qué argumenta cada lado
Oliver Bethell, director sénior de competencia de Google, afirmó que «obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad de los usuarios», en declaraciones a The Next Web. Google agrega que abrir Android debilitaría la seguridad de los celulares. En un comunicado que retomó Reuters, la empresa señaló: «Estamos apelando decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsqueda privado de las personas». Reuters nombra a OpenAI entre los posibles beneficiarios.
En la petición de medidas cautelares, según Yahoo Finance, un portavoz de Google sostuvo que estas «se aplican a casos que presentan un riesgo de daño grave» y que la orden de compartir datos pone en ese riesgo la privacidad de los usuarios europeos.
La Comisión contestó, según el mismo medio, que sus decisiones «toman en cuenta las funciones de seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios finales». El regulador insiste en que el método de anonimización lo diseñó con expertos en privacidad, que sigue el borrador de directrices conjuntas sobre la relación entre la DMA y el RGPD y que lo revisará una evaluación independiente, de la cual podrían salir ajustes. Además, Google tiene la posibilidad de negar los datos a compañías que representen riesgos serios de ciberseguridad o de privacidad.
DuckDuckGo, el buscador, está con el regulador. Afirmó que las reglas de anonimización son sólidas y que la apelación solo le compra tiempo a Google, de acuerdo con The Next Web.
Las multas que ya dejó la DMA
Desde el 6 de septiembre de 2023 Alphabet es guardián de acceso, y ocho de sus servicios caen bajo la norma: el buscador, Android, Chrome y Google Play, entre otros. Las sanciones pueden alcanzar 10 % de los ingresos globales anuales, y 20 % si hay reincidencia, según el sitio oficial de la DMA.
Los primeros castigos datan de abril de 2025. Entonces la Comisión sancionó con 500 millones de euros a Apple y con 200 millones a Meta. A Google le tocó una multa de 890 millones de euros el 23 de julio de 2026, una semana después de las órdenes que ahora recurre. Se desglosa así: 460 millones por dar trato preferente a sus servicios en los resultados de búsqueda y 430 millones por impedir que los desarrolladores de Google Play informaran sobre ofertas más baratas fuera de la tienda.
Los siguientes plazos
El recurso, por sí solo, no suspende nada. Congelar la orden de los datos antes de la sentencia de fondo requeriría que el tribunal acepte las medidas cautelares.
Mientras, los plazos de la Comisión siguen corriendo. Conforme al documento técnico, cuatro meses después de la decisión, hacia noviembre de 2026, Google tiene que entregar el conjunto de datos anonimizados con sus especificaciones técnicas, y a los seis meses, en enero de 2027, cerrar la oferta de precios. Cada beneficiario deberá aprobar una auditoría independiente antes de acceder a la información, y luego, como mínimo, una vez por año.
En Android el reloj se detiene el 1 de agosto de 2027. Lo que decida el Tribunal General podrá apelarse ante el Tribunal de Justicia de la UE, última instancia del bloque.
