Fue el lunes por la mañana cuando Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, hizo el recuento del huracán Simón: «El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, y el reporte de una persona fallecida en el estado de Guerrero». Todo lo que dice es cierto, y aun así deja una imagen falsa. Ese mismo día, desde Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó de una menor sin vida y 10 personas no localizadas tras el paso del ciclón Rachel. La víspera, en Escuinapa, Sinaloa, unos disparos acabaron con la vida del coordinador municipal de Protección Civil, que alistaba los refugios para Simón. Este consejo plantea que el «saldo blanco» no cuenta cómo fue la temporada de huracanes: cuenta solo la parte del mapa que se quiso mostrar. Y esa parte deja sin contestar dos preguntas al gobierno federal. Una es con qué recursos se reconstruye ahora que el Fonden desapareció. La otra, quién protege a quienes evacúan en lugares donde el crimen es la autoridad.
Lo que quedó fuera del reporte
Infobae cuenta que de las 10 personas no localizadas en Baja California, ocho son de Ensenada y dos de San Felipe. En esa misma nota se lee que una comunidad ensenadense próxima al río Pípila perdió el acceso terrestre y recibió ayuda por aire. Seis refugios abiertos en el estado alojaron a 56 personas, y se desplegó a más de 14,000 elementos.
El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, y el reporte de una persona fallecida en el estado de Guerrero
En Guerrero, la muerte tampoco es un asunto menor. Según la gobernadora Evelyn Salgado, una mujer de 71 años falleció en Chilpancingo por la caída de una barda. Colima sí cerró sin víctimas mortales, pero AFmedios documentó daños en 58 viviendas solo en Manzanillo, 177 personas en refugios temporales, más de 70 árboles derribados y el río Marabasco al 100 % de su capacidad.
Lo que hizo bien el gobierno
Vale la pena decir qué sí funcionó. Esta vez hubo días de anticipación, y los protocolos arrancaron a tiempo. En Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco se activaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina; durante la conferencia matutina del 12 de octubre se anunció que la CFE había recuperado el servicio eléctrico al 100 %. Que en Colima no hubiera muertos, heridos ni desaparecidos se explica por la gente que salió de sus casas a tiempo. Erick González Sánchez, director estatal de Protección Civil, describió la dificultad con claridad: «La gente a veces quiere que ya los evacues cuando empieza a llover y a veces es bastante tarde». Convencer a una familia de irse antes de que se vea el peligro es lo más ingrato del oficio. En Colima lo lograron.
Aun así, un balance que se limita a los fallecidos del día del impacto evalúa el operativo, no el desastre. Ninguna cifra de muertes incluye las 58 casas dañadas de Manzanillo; reconstruirlas empieza cuando las cámaras ya no están.
Reconstruir sin reglas claras
De ahí viene la primera pregunta. En octubre de 2020, el Congreso votó la extinción de 109 fideicomisos públicos, y entre ellos estaba el Fondo de Desastres Naturales. El Fonden tenía fallas bien documentadas, pero daba una ruta con pasos claros: se emitía una declaratoria de desastre, se hacía un diagnóstico de daños y se liberaban recursos bajo reglas de operación que estados y municipios conocían. Hoy el dinero para emergencias sale de partidas que administra Hacienda y de lo que decida el Ejecutivo.
Otis, el huracán que devastó Acapulco en octubre de 2023, mostró cómo funciona eso en la práctica. López Obrador, entonces presidente, anunció una inversión de 61,313 millones de pesos para la reconstrucción; su gobierno no atendió la petición de la Cámara de Diputados de usar excedentes petroleros para pagar más obras. En lo que se ha informado estos días, nadie dice cuánto dinero hay para Manzanillo, Ensenada o el sur de Sinaloa, con qué criterios se asigna ni cuándo llegaría.
Evacuar bajo amenaza
La segunda pregunta tiene un nombre: Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa. Excélsior relata que el domingo por la mañana él y el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental recorrieron la playa de Teacapán y visitaron el lugar donde se montarían los refugios temporales. Después, hombres armados atravesaron su vehículo en el centro del municipio y dispararon. Elementos de la Fiscalía General del Estado fueron al sitio para iniciar las diligencias. López Bibriesca ocupaba el puesto desde julio. Seis semanas antes, el 30 de agosto, Miguel Antonio Zazueta, subdirector de Tránsito Municipal, había sido asesinado afuera de su casa. El 9 de octubre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava había visitado el municipio por la violencia.
Siete municipios del sur de Sinaloa suspendieron clases, entre ellos Escuinapa, que además es uno de los cuatro en alerta amarilla. Como Simón podría tocar tierra como huracán de categoría 1, la coordinadora nacional de Protección Civil avisó que se trasladaría a Mazatlán. La persona que debía coordinar la evacuación ya no está, y no hay señal de que alguien vaya a cuidar a quienes tomen su lugar.
Tres exigencias antes de que Simón llegue a Sinaloa
Uno: que la Coordinación Nacional de Protección Civil dé a conocer cada día el balance de toda la temporada, estado por estado, con muertos, desaparecidos, heridos y viviendas dañadas, y no el de las regiones que prefiera. Dos: que la Secretaría de Hacienda diga, antes de que Simón llegue a Sinaloa, cuánto dinero hay este año para desastres, con qué reglas se solicita y en cuántos días se entrega. Tres: que el gabinete de seguridad y la Fiscalía de Sinaloa garanticen escolta al personal de Protección Civil del sur del estado mientras dure la emergencia, y expliquen qué ha avanzado el caso de López Bibriesca. En Baja California todavía se busca a 10 personas. Llamar blanco a ese saldo es una forma de dejar de buscarlas.
