El viernes 9 de octubre, el Comité Noruego del Nobel entregó el Premio Nobel de la Paz a Navanethem «Navi» Pillay, jurista sudafricana de 85 años, «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional». Ese mismo día, según NBC News, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal donde Pillay ejerció como jueza. Esta vez no se trata de funcionarios concretos: el blanco es la institución. Al Jazeera detalla que la medida veta las transacciones con la corte y congela sus activos en suelo estadounidense. También penaliza a las empresas que le presten servicios y da seis meses a las compañías de Estados Unidos para liquidar los negocios que aún tengan con ella.
Desde 2006, México es Estado parte del Estatuto de Roma, y eso lo obliga a cooperar con una corte a la que Washington busca asfixiar en lo financiero. Culto Diario no había localizado, al cierre de esta edición, ninguna postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Presidencia ante las sanciones.
un asalto al Estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional
Quién es Pillay: de Durban a La Haya
Pillay, nacida en Durban en una familia de origen tamil, abrió en 1967 su propio despacho de abogados en la provincia de Natal. Fue la primera mujer no blanca en hacerlo, y lo hizo después de que ningún bufete aceptara contratarla, según su biografía. Representó a opositores del apartheid. En 1995, Nelson Mandela propuso su nombre para el Tribunal Superior de Sudáfrica, donde otra vez fue la primera mujer no blanca en ocupar un asiento.
En ese mismo año llegó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que presidió de 1999 a 2003. Estuvo en la sala que juzgó a Jean-Paul Akayesu, cuya sentencia, dictada el 2 de septiembre de 1998, estableció que la violación y la agresión sexual podían ser actos de genocidio. De 2003 a 2008 fue jueza de la CPI; dejó el cargo ese último año para convertirse en Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, función que desempeñó hasta 2014.
A ella le tocó además presidir la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, ese órgano concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Cuando anunció el premio, el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, dijo, de acuerdo con SBS News, que «un hilo común recorre su trabajo temprano en defensa de Nelson Mandela y de otros que se alzaron contra el apartheid y su servicio como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo».
Compitieron 287 candidaturas: 208 de personas y 79 de organizaciones. La dotación son 12 millones de coronas suecas, cerca de 1.7 millones de dólares, y la ceremonia será en Oslo el 10 de diciembre.
Trump y Netanyahu contra el fallo; Pillay responde con humor
Donald Trump dijo que el comité «se avergonzó sin remedio» y presentó a Pillay como alguien que odia abiertamente a Estados Unidos y a Israel, según la recopilación de reacciones de Wikipedia. Para él, de acuerdo con NBC News, el galardón fue a dar a «una persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas, de la que nadie ha oído hablar», cuando Estados Unidos, «representado por mí como su presidente», era quien debía recibirlo. Volvió a decir que ha puesto fin a ocho guerras.
Por su lado, Benjamin Netanyahu declaró que el comité «ha perdido su brújula moral» y calificó a Pillay de «una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío».
Pillay estaba en el Foro de Núremberg cuando recibió la noticia. SBS News cuenta que bromeó: si el público aplaudía un poco más, quizá compartiría el premio con Trump. Y añadió que antes quería comprobar que fuera cierto.
De sancionar personas a sancionar a la corte
Washington empezó formalmente su ofensiva contra la CPI el 6 de febrero de 2025. Ese día Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, con la que sancionó al fiscal Karim Khan. Después, en 2025, vinieron tres rondas dirigidas a jueces y fiscales adjuntos. El 5 de junio entraron, entre otros, la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza y la eslovena Beti Hohler. El 20 de agosto, el francés Nicolas Guillou y la canadiense Kimberly Prost. El 18 de diciembre, el georgiano Gocha Lordkipanidze y el mongol Erdenebalsuren Damdin. Antecedente de todo esto: en noviembre de 2024 la corte había librado órdenes de detención contra Netanyahu y contra Yoav Gallant, entonces su ministro de Defensa, por la guerra en Gaza.
La medida de ahora es de otra escala. Sancionar a la institución significa que la corte pierde el acceso a bancos alineados con Estados Unidos y a servicios como los de Amazon Web Services, según el registro de las sanciones. Rubio la calificó de «corte rebelde». Según Al Jazeera, dijo: «Los Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI». Y sumó: «O la CPI pone fin a sus amenazas o nosotros pondremos fin a la CPI».
La corte replicó que con las sanciones se busca «obstruir el curso de la justicia», y las llamó «un asalto al Estado de derecho y a los cimientos mismos del orden jurídico internacional». António Guterres, secretario general de la ONU, se mostró «profundamente alarmado» y habló de «un golpe grave a nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional». Por último, los cancilleres de Japón, Canadá, Países Bajos, Italia, Alemania, Francia, Dinamarca y Reino Unido manifestaron estar «en fuerte desacuerdo» con la decisión. México no aparece entre los firmantes de ese pronunciamiento.
Lo que obliga el Estatuto de Roma a México
El 7 de septiembre de 2000 México firmó el Estatuto de Roma; el 28 de octubre de 2005 lo ratificó, y el 1 de enero de 2006 empezó a estar vinculado a él, conforme al registro de Estados partes. Forma parte de los 125 países que aceptan la jurisdicción de la corte.
Dos puntos del tratado tienen que ver directamente con lo que ocurre. Uno es el artículo 86, con el que arranca la Parte IX: los Estados partes deben cooperar plenamente con la corte cuando investiga y enjuicia crímenes de su competencia. El otro es el artículo 115, en la Parte XII, según el cual la CPI se sostiene con cuotas de los Estados partes y con fondos que aporte la ONU, previa aprobación de la Asamblea General. Así, México paga cuotas a una institución que en seis meses no podrá hacer negocios con empresas estadounidenses, y a la vez sigue obligado jurídicamente a colaborar con ella.
El Estatuto no obliga a ningún Estado parte a pronunciarse sobre sanciones de un tercero. Sí lo obliga a continuar cooperando con la corte y a pagar sus cuotas.
Lo que viene en el calendario
Los seis meses que tienen las empresas estadounidenses para romper con la corte terminan en abril de 2027. Ese mismo año, en junio, se harán efectivas las salidas de Burkina Faso, Mali y Níger, que avisaron de su retiro del Estatuto en junio de 2026. El artículo 127 fija que una retirada entra en vigor un año después de notificada, y que no altera la cooperación en investigaciones y procesos abiertos antes de esa fecha. El 10 de diciembre, en Oslo, Pillay recibirá el premio.
