Juan «N», alias «El Moco», excandidato a una alcaldía y presunto líder del robo de combustible en la Sierra Norte, tiene una red que alcanza a funcionarios municipales y estatales, y también a aspirantes a cargos de elección popular. Lo afirmó Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Puebla, sin pronunciar un solo nombre. Una acusación así, hecha por el responsable de la seguridad estatal a ocho meses de la elección del 6 de junio de 2027, no debería quedarse en una conferencia. Tiene que volverse carpetas de investigación y datos para el filtro del Instituto Nacional Electoral (INE); de lo contrario, solo deja una sombra de duda sobre todos los aspirantes de la región. Los partidos, por su lado, deben explicar desde ahora cómo examinan a quienes quieren postular en los municipios.
Qué dijo el gobierno poblano
La detención de «El Moco» ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 15:42 h, en el centro de Zacatlán, luego de un percance vial, según Latinus. Llevaban cerca de un año y medio detrás de él. Latinus añade que en los papeles asegurados aparece «una extensa nómina vinculada a la estructura criminal» y que había áreas de la región donde las autoridades formales no podían entrar.
Seguramente será sucedido en el mando por su hermano, así lo estimamos nosotros
Según Sánchez, la Fiscalía General del Estado emitirá nuevas órdenes de aprehensión y en las próximas semanas se analizará lo decomisado. Sobre la sucesión habló sin rodeos: «Seguramente será sucedido en el mando por su hermano, así lo estimamos nosotros». El gobierno, entonces, sabe quién heredará la red y sostiene que hay aspirantes en ella. Falta que esa información llegue a donde tiene consecuencias.
Lo que cuesta callar los nombres
Si no hay nombres ni carpetas, todo el que busque una presidencia municipal en la Sierra Norte carga con la duda, y quien sí está en la nómina se diluye en el anonimato del grupo. A eso se suma que el filtro recién validado en el país depende de que los datos estén en las instituciones correctas.
Proceso informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, el 5 de octubre, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE. Su funcionamiento lo fija la reforma a la ley electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio. Si lo desean, los partidos entregan listas de sus posibles candidatos. La comisión las reparte entre instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas, y después comunica a cada partido en cuántas de esas instancias se identificó un «riesgo razonable» y en cuáles, sin revelar de qué asunto deriva. El decreto nombra a la Fiscalía General de la República (FGR), al Centro Nacional de Inteligencia, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si el conocimiento de Puebla se queda en sus propios archivos, el filtro irá a revisar bases que no lo tienen.
Morelos ya vio cómo termina
Allá, la revisión se dio cuando los señalados ya gobernaban. El Financiero relata que en 2024, en la finca Los Aguacates, de Totolapan, se reunieron Júpiter Araujo Bernard, «El Barbas», presunto operador del Cártel de Sinaloa, y actores políticos del oriente del estado, entre ellos alcaldes. Entre estos figuraban Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, y Jesús Corona Damián, de Cuautla. Por esas investigaciones, el Operativo Enjambre también llevó a prisión a Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.
El 12 de octubre, un operativo federal en Totolapan para detener a un objetivo conocido como «El Güero Gym» terminó con tres detenidos, vehículos quemados, bloqueos en la autopista México-Cuautla, policías heridos y personal ministerial retenido por pobladores. Ese es el aspecto del combate a la infiltración cuando comienza después de la toma de posesión.
La objeción que merece respuesta
Hay un contraargumento de peso. Dar a conocer nombres sin órdenes de aprehensión puede alertar a los investigados, lastimar la presunción de inocencia y convertir una pesquisa en arma electoral. Mientras se definen las candidaturas, apuntar a alguien equivale a sacarlo de la contienda sin juicio. La Corte validó, eso sí, un filtro confidencial que a nadie le impide registrarse.
Esa objeción apunta contra una lista leída en conferencia, no contra lo que se plantea aquí. Entregar los nombres a la fiscalía y a las instancias federales que consulta el INE no los hace públicos, y fue el propio secretario quien anunció que hay aspirantes en la red. Una vez dicho eso, la reserva no cuida a los inocentes; solo pospone las consecuencias de los responsables.
A cada quien lo suyo
Del gobierno de Puebla se espera un informe: cuántas carpetas abrió la Fiscalía General del Estado con base en este caso, cuántas personas con aspiraciones electorales aparecen ahí y si pasó esa información a la FGR y a la UIF. El decreto enumera las instancias solo como ejemplo, así que la comisión del INE podría sumar a la fiscalía poblana a las de procuración de justicia que consulta. Y la revisión no se acota al crimen organizado: «puede ser robo, puede ser corrupción», dijo la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, de acuerdo con Grupo Animal. El robo de combustible cabe sin problema.
Los partidos tienen una deuda que la ley no les cobra, pero la elección sí. Deben prometer que enviarán a la comisión la lista entera de sus aspirantes municipales en Puebla y Morelos, y aclarar en público cuál será su reacción ante una alerta de riesgo. Sobre a quién registrar, la ley les deja la decisión final. Si van a ejercerla, que digan con qué criterio, antes de que una nómina como la de «El Moco» llegue al escritorio de un alcalde en funciones.
