El plazo del 30 de septiembre ya pasó y los números con terminación 3 que no se ligaron a una CURP quedaron sin servicio normal: son 2,248,143 líneas suspendidas de forma temporal por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), de acuerdo con El Financiero y con datos del propio regulador. En todo el país, 91,850,448 líneas contaban al 4 de octubre con una identidad asociada, lo que equivale al 76.5 % de la proyección nacional. Aparte, la CRT quiere limpiar el padrón de unos 25 millones de números sin uso. Para el regulador, tener un titular por línea ayuda a combatir el fraude y la extorsión. Sin embargo, el boletín 045/2026 y la tarjeta informativa del 6 de octubre, que Culto Diario revisó, no traen ningún indicador sobre la incidencia de esos delitos.
El boletín 045/2026 de la CRT reporta, para el dígito 3, 9,851,807 líneas vinculadas; eso es el 87.3 % de los 11.2 millones estimados. Del grupo suspendido, 1,213,717 ya recuperaron el servicio al terminar su trámite, y el organismo prevé que otros 1.4 millones, más o menos, se reactiven. Suspender una línea no implica perder el número. Cuando dio a conocer el calendario, la CRT precisó que en ese estado el teléfono solo puede llamar a emergencias, a servicios de atención ciudadana y a su compañía, y que sigue recibiendo alertas sísmicas.
Pensar que el registro de líneas va a frenar la extorsión es desconocer cómo opera hoy el fraude. Los delincuentes ya no necesitan una SIM registrada en México para contactar a sus víctimas
Un registro que avanza por dígito
Detrás está el artículo 103 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Las empresas concesionarias de telefonía móvil únicamente pueden activar y mantener activas las líneas de personas que entregaron una identificación oficial con CURP. Para las empresas rige el RFC, y los extranjeros pueden acudir con pasaporte.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) fecha el inicio del registro el 9 de enero de 2026. Había más de 130 millones de líneas activas de Telcel y AT&T que registrar antes del 30 de junio, apunta El Financiero. Para el 25 de junio se habían vinculado 63 millones (40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago), y ese mismo día la CRT publicó el calendario por el cual las líneas de prepago vencen entre agosto y diciembre, escalonadas por el último dígito del número. El regulador justificó la medida en ese boletín así: «Por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión».
La terminación 0 abrió la cuenta de vencimientos el 15 de agosto, señala la CRT. Con el boletín del 19 de septiembre se supo que el total nacional era de 86,561,385 líneas, o sea el 72.1 %.
La CRT describe los 25 millones que se darán de baja como chips de regalo sin activar, tarjetas desechables de visitantes temporales y chips promocionales. De ese total, unos 2.5 millones son del bloque del 3.
Lo que no dicen los comunicados
La CRT contestó el 6 de octubre, en una tarjeta informativa, una nota del diario La Razón acerca de usuarios que se pasan a eSIM extranjeras. En ella afirmó que la vinculación, ya en 92.3 millones de líneas (76.9 %), avanza «cerrando los canales de anonimato que facilitaban el fraude y la extorsión telefónica para proteger a la ciudadanía junto con las autoridades de seguridad». El texto no incluye denuncias, carpetas de investigación ni reportes a la línea 089 que sirvan para contrastar lo que sostiene.
Antes de este sistema, México ya probó dos padrones. R3D recordó en mayo de 2025 que, tras el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) del gobierno de Felipe Calderón, la extorsión creció 40 % y el secuestro, 8 %. Años después vino el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), aprobado en 2021 y con exigencia de datos biométricos; el pleno de la Suprema Corte lo declaró inconstitucional el 25 de abril de 2022 por vulnerar los derechos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos, según R3D.
R3D, en el análisis que publicó en enero, invocó a la Asociación GSM: no existe evidencia de que obligar al registro de líneas reduzca estos delitos. En el mismo mes, Víctor Ruiz, director general de la firma de ciberseguridad Silikn, le dijo a El Financiero que «más del 90 por ciento de los fraudes se cometen hoy mediante servicios de voz sobre internet y aplicaciones como WhatsApp». Agregó: «Pensar que el registro de líneas va a frenar la extorsión es desconocer cómo opera hoy el fraude. Los delincuentes ya no necesitan una SIM registrada en México para contactar a sus víctimas».
Quién resguarda la información
El Panaut recogía biometría; el sistema de hoy no. En el sitio oficial registratulinea.crt.gob.mx se pide una identificación con CURP y una prueba de vida, y se aclara: «No te piden huella digital, ni iris o algún otro dato biométrico». Quien guarda la información son las compañías: «Tu compañía telefónica recaba y protege de forma segura tu información», dice el portal.
A los datos que las empresas ya conservan se les añade ahora el nombre de cada titular. Según el artículo 183 de la ley, deben archivar durante 24 meses lo necesario para identificar al suscriptor (nombre y domicilio), el origen y destino de cada comunicación, su fecha, hora y duración, la celda desde la que se activó el servicio y la ubicación geográfica de las líneas. De ese lapso, los primeros 12 meses deben estar listos para entregarse en tiempo real a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. Está prohibido darles otro uso, y la norma remite a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que salió con el decreto del 20 de marzo de 2025. Ese decreto designó como autoridad a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y no al extinto INAI, que sí era autónomo. R3D alertó de que el registro no tiene salvaguardas, de que no está claro qué autoridades pueden consultarlo y de una vulnerabilidad en el sistema de registro de Telcel que dejaba consultar datos personales asociados a las líneas. En 2025, su abogada Ana Gaitán lo planteó así: «El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil pone en riesgo nuestros datos personales a accesos no autorizados, ya sea por vulneración de datos o actos de corrupción cometidos por autoridades».
Un acceso indebido a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el 30 de enero de 2026, dejó al descubierto nombres, RFC, CURP y fotografías de más de 90,000 agentes, según documentó R3D. Y la Global Network Initiative advirtió en agosto de 2025 que la ley de telecomunicaciones carece de supervisión independiente y de autorización judicial para acceder a los datos, justo lo que la Corte había identificado como deficiente en 2022, recoge R3D.
Los plazos que faltan
Faltan seis vencimientos. La terminación 4 cierra el 15 de octubre, la 5 el 31 de octubre, la 6 el 15 de noviembre, la 7 el 30 de noviembre, la 8 el 15 de diciembre y la 9 el 31 de diciembre. A partir de cada fecha, las compañías tienen 72 horas para suspender el servicio. No se paga por el trámite, que puede hacerse en persona o en línea. Para dudas, según ContraRéplica, la CRT, que preside Norma Solano, tiene el 079.
