Un reportaje de The Wall Street Journal ocupó parte de la mañanera del jueves 8 de octubre, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo descalificó. Sin embargo, no negó lo esencial. El diario sostiene que, en una reunión en Palacio Nacional, ella puso en duda ante su equipo de seguridad los planes para congelar las cuentas bancarias de exfuncionarios ligados al gobierno de Baja California, antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionara, y que finalmente dio el visto bueno. Lo que dijo fue: «Siempre regaño a todo mundo». Sobre la reunión y sobre el congelamiento de cuentas no se pronunció de manera específica.
El WSJ salió el 7 de octubre. Según el resumen de Vanguardia, cuenta que la presidenta pidió explicaciones a su equipo sobre esos planes y que fue particularmente severa con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa versión, Sheinbaum se preguntó si México debía dar por sentado que Washington tenía pruebas sólidas de los vínculos criminales de esas personas. Las fuentes del periódico aseguran que, pese a ello, autorizó el congelamiento para no dañar la cooperación con Estados Unidos.
Siempre regaño a todo mundo
Qué contestó y qué evitó
Su respuesta giró en torno a dos asuntos: cómo es su trato con García Harfuch y qué tan confiable es el periódico. El Universal la cita así: «No, no es regaño. Mi equipo sabe que siempre les digo: “no hay que ser autocomplacientes”». Sobre el medio, agregó: «¡Pero sale en el Wall Street Journal! ¡Por Dios! O sea, viven de la mentira, del chisme».
Según Milenio, definió el reportaje como «pura especulación» y, en el mismo intercambio, dijo estar «muy satisfecha, contenta, muy positiva de los dos años» de gobierno. Vanguardia añade que la mandataria aclaró que revisar el trabajo del equipo «no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía» y que en la nota «no hay nada de fondo». El minuto a minuto de Ámbito coloca la respuesta alrededor de las 12:28 h y apunta otra frase contra el diario: «Ya nadie los lee».
En resumen, la presidenta negó estar enojada con su secretario de Seguridad y descalificó el reportaje de manera general, pero no tocó los hechos concretos. Vanguardia lo deja por escrito: Sheinbaum «no se refirió de manera específica al congelamiento de cuentas bancarias ni confirmó o descartó que hubiera ocurrido la reunión descrita por el diario estadounidense».
Lo que sí consta en documentos
El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció sanciones contra la cúpula del Cártel de Sinaloa y sus redes de corrupción. Ese hecho sí está documentado y es el telón de fondo del reportaje del WSJ. La lista suma 21 personas y 25 empresas. Una de ellas es Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco», que según el Tesoro encabeza la facción de Los Mayos desde la detención de su padre en 2024.
Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, aparece en el centro de lo que el Tesoro describe como un esquema de «narcocorrupción». El comunicado lo define como operador político del cártel y aliado de Juan José Ponce Félix, «El Ruso»; según el Tesoro, usa su influencia para que las autoridades del estado no intervengan contra la organización. Fueron designados también su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, a quien se acusa de recibir sobornos y de lavar dinero con empresas y campañas políticas, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado de aceptar sobornos de «El Ruso» a cambio de que el cártel controlara la policía municipal. El Tesoro recuerda que en mayo de 2025 el Departamento de Estado le revocó la visa a Carlos Torres, y afirma que el esquema alcanzó los más altos niveles del gobierno estatal. La gobernadora no aparece nombrada en el documento.
Con el anuncio, Scott Bessent, secretario del Tesoro, mandó un recado a México: de acuerdo con el comunicado, la medida demuestra que ningún capo, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero queda fuera del alcance de su dependencia. Coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o con alguna otra autoridad mexicana no aparece mencionada en el texto.
El bloqueo del lado mexicano
La UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, incluyó ese mismo 29 de septiembre en su Lista de Personas Bloqueadas a 21 personas físicas y 25 empresas, tras la designación de la OFAC, según Uno TV. Zambada Sicairos y Carlos Alberto Torres Torres están entre ellas. La dependencia precisó que «esta acción administrativa no representa una determinación de responsabilidad penal» y que quienes aparecen en la lista tienen derecho de audiencia y pueden acudir a los medios legales correspondientes.
El bloqueo coincide con la decisión que el WSJ atribuye a la presidenta. Falta que el gobierno explique en público con qué criterio se decidió congelar las cuentas de los Torres Torres y de los demás señalados, y si en la reunión que cuenta el diario se habló de qué tan sólidas eran las pruebas de Washington.
La respuesta de Baja California y la FGR
El mismo día de las sanciones, el gobierno de Baja California dio su respuesta. Según Expansión, aclaró que la gobernadora y Torres Torres «están legalmente divorciados» y que solo los une el bienestar de su hijo. Agregó que ella no figura entre los sancionados por la OFAC, que encargó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas tuvieron contratos con el Ejecutivo estatal, y que «las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes».
La Fiscalía General de la República ya investigaba a Carlos Torres. En enero, la propia gobernadora lo confirmó: la indagatoria es por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Ella dijo que no intervendría en el proceso.
