Abrir la llave en cientos de colonias del área metropolitana de Guadalajara significa recibir agua café, amarilla o negra, y así ocurre desde finales de febrero. El domingo 11 de octubre, miles de personas caminaron de la Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia, y la policía las dispersó con gas lacrimógeno y chorros de agua a presión. Ni el derecho humano al agua, que consagra el artículo 4 constitucional, ni el derecho a protestar sin sufrir agresiones son concesiones que el poder pueda dar o quitar. El gobierno de Pablo Lemus debe rendir cuentas por los dos: por llevar más de siete meses sin garantizar el primero y por lo que hizo con el segundo en una sola tarde.
Siete meses con agua turbia
El propio SIAPA reconoció en marzo la presencia de agua café y con mal olor en cerca del 10 % de sus 1,840 colonias, y culpó a descargas irregulares en el Sistema Antiguo, que funciona desde 1956. Entre enero de 2025 y enero de 2026, una solicitud de transparencia contó quejas de 475 colonias; el organismo, en ese momento, admitía 176. La Junta de Gobierno elevó a 342 el número de colonias que reciben 80 % de descuento, y entre ellas figuran Providencia, Country Club, Chapalita Sur y Jardines del Bosque Centro. Para la CEDHJ son 600 las colonias identificadas, y sus quejas por este tema llegan desde 2019. Es un problema que no se limita a la periferia.
una cosa es contener y otra cosa es reprimir
Los análisis de investigadores de la UdeG midieron una turbiedad de hasta 40 unidades; la NOM-127 permite 3 como máximo. Además, un monitoreo ciudadano que contó con asesoría técnica del ITESO y de Resistencia Civil por el Valle reportó cloro residual inadecuado en 41 de 42 muestras y presencia de E. coli en 2 de 21 pruebas bacteriológicas. Según las normas sanitarias, esa bacteria no debe encontrarse en el agua potable.
Desde Salud se han dicho cosas que no cuadran entre sí. El secretario, Héctor Raúl Pérez Gómez, sostuvo en julio que «no existe un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis o padecimientos en la piel». Pero la misma dependencia aconsejó tomar agua de garrafón o embotellada no solo para beber, sino para cocinar, preparar alimentos y lavarse los dientes. En la Recomendación 10/2026 de la CEDHJ aparecen cifras de la propia Secretaría de Salud: con corte a la semana epidemiológica 7, la enfermedad diarreica aguda en el área metropolitana estaba, desde la semana 6, sobre el promedio de los últimos siete años, sin llegar a la zona de brote. También hay casos de piel documentados. Uno es el de una vecina de Jardines del Bosque a quien trataron con betametasona inyectable por una urticaria aguda. Otro es una consulta ciudadana del IMDEC, que no es una muestra representativa: en ella, la comezón, la dermatitis y las ronchas suman 66 % de los testimonios sobre daños a la salud. La ausencia de una cifra oficial de dermatitis no deja a nadie libre de responsabilidad, porque medirla es tarea de Salud Jalisco.
Responsables con nombre
Antonio Juárez dejó la dirección del SIAPA en marzo, cuando Lemus lo destituyó y afirmó que «el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así». Ismael Jáuregui Castañeda, su sucesor en el cargo desde el 1 de abril, no se ha presentado ante los diputados, y en julio volvió a faltar, por tercera ocasión, a la Comisión de Hacienda. MC y el PVEM se oponen a las iniciativas para auditar al SIAPA, y por eso siguen detenidas. Ese mismo mes, MC, PAN, PVEM y PRI rechazaron, por 20 votos contra 13, que el secretario de Salud compareciera ante el Congreso. La CEDHJ asegura que el gobierno incumplió su recomendación de 2022. Ya en octubre, Lemus reconoció «una crisis de agua potable sin precedentes».
Qué pasó frente a Casa Jalisco
Según el gobierno, la marcha «se realizó de manera pacífica y ordenada, convocando a alrededor de 10 mil ciudadanos». Hacia las 12:54 h, un grupo de manifestantes quitó las vallas alrededor de Casa Jalisco. Entre las 13:10 y las 14:30 h, los antimotines de la Policía Estatal rompieron la concentración con gas lacrimógeno y agua a presión. Una bomba de gas lanzada por elementos de seguridad impactó directamente al periodista Mario Carbajal, que terminó en el hospital con lesiones en el rostro. En el número de detenidos no hay acuerdo: la Fiscalía reconoce 39 y las organizaciones cuentan entre 51 y 52. Amnistía Internacional habló de «uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas». La madre de Mariana Jovel Mora asegura que varios policías la derribaron y la patearon sin parar, y que tiene fractura nasal. Sobre las balas de goma, la denuncia es del CEPAD y no hay confirmación oficial. En ninguna fuente consultada aparecen muertos.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no deja dudas: «Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito». Si la protesta se torna violenta, el texto exige que haya agentes capacitados para negociar. Cada agente que recurra a la fuerza debe rendir un reporte pormenorizado, y los superiores que conozcan un uso ilícito y no lo frenen ni lo denuncien responden por él.
La mejor defensa del gobierno
Del lado policial hubo veintiocho lesionados, y dos de ellos están graves, con fracturas de cráneo, pómulo y nariz y la pérdida de un dedo por desprendimiento. Esa violencia ocurrió y debe llegar a un juez. Lemus la achaca a un grupo de unas 400 personas que, según relató, iban encapuchadas y portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas. Hasta hoy no ha mostrado pruebas públicas que permitan identificarlas, mientras que las familias de los detenidos dicen que se trata de jóvenes, profesores, estudiantes, trabajadores y artistas. La agresión de unos cuantos no da permiso para lanzar gas contra una marcha que salió de la Minerva encabezada por familias con niños y personas con discapacidad, ni contra la prensa que la cubría. La CNDH reprobó el empleo de «medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones». La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, trazó la línea así: «una cosa es contener y otra cosa es reprimir».
Hay un mérito que sí cabe reconocer: abandonar el agua de Las Pintas y acordar obras con la Conagua son las primeras acciones de fondo. Pero se anunciaron cuando ya habían pasado más de siete meses y la ciudad había vivido bloqueos. Además, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, calcula que el problema no se resolverá antes de marzo de 2027.
Lo que exigimos
Al fiscal Salvador González de los Santos le pedimos que dé a conocer, en un plazo de 48 horas, los nombres de todas las personas detenidas, que aclare de dónde sale la diferencia entre 39 y 52 y que libere a quien no tenga una imputación bien sustentada. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, debe entregar en diez días a la CEDHJ los reportes pormenorizados que manda la ley y decir quién ordenó el gas. El gobernador tiene que publicar los videos que él mismo mandó revisar y las pruebas del «grupo de choque»; si no las tiene, que retire la acusación.
Hay más. Ismael Jáuregui debería presentarse ante el Congreso antes del 15 de octubre, día en que empieza el programa de rotación del servicio. El Congreso tiene que sacar de la congeladora las iniciativas para auditar al SIAPA. El organismo y Salud Jalisco deberían divulgar cada semana los análisis de calidad del agua por colonia, junto con las cifras de enfermedad diarreica y dermatitis. Y las autoridades sanitarias federales, las únicas que pueden emitir una alerta sanitaria de acuerdo con la Coprisjal, tienen que decir si piensan emitirla.
