A partir del jueves 1 de octubre, el aguacate mexicano necesita un papel más para cruzar la frontera: el Certificado Laboral para la Agroexportación, que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El documento da fe de que el exportador y todos sus proveedores, desde la huerta hasta la empacadora, tienen a su gente inscrita en el IMSS. La presidenta Claudia Sheinbaum dio la noticia el lunes 28 de septiembre en su conferencia matutina. Según El Economista, el gobierno calcula que la medida tocará a cerca de 200,000 trabajadores del campo; aquí el reporte.
Sheinbaum lo resumió así, de acuerdo con Vanguardia: «No se puede exportar si no trae su certificado laboral». La nota de Vanguardia agrega el motivo. En el campo muchos jornaleros cobran por lo que recogen o cosechan. Esa modalidad es legal, dijo la presidenta, pero abre la puerta a jornadas de más de ocho horas sin alta en el IMSS, según El Economista. Las empresas que no tengan a sus trabajadores asegurados no podrán exportar, recogió Ámbito.
No se puede exportar si no trae su certificado laboral
El certificado salió a la luz dentro del informe de labores de la STPS. Su titular, Marath Baruch Bolaños López, contó que en San Quintín, Baja California, ya opera un Centro de Atención Integral para Trabajadores, «porque no puede haber una agroexportación competitiva si no es también una agroexportación con trabajo digno», según El Heraldo de México. Bolaños sumó otra meta: que la Semarnat emita un certificado que pruebe que la producción no causa deforestación, de acuerdo con El Economista.
Una caja, dos empleos
Todo se tramita en VELAGRO, plataforma de la STPS que arrancó el 17 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre el registro fue exclusivo para exportadores de aguacate. El trámite lo hace únicamente el exportador. Productores, cortadores y empacadores no solicitan nada, aunque sí tienen que estar al día con sus obligaciones laborales y de seguridad social. Los primeros certificados valdrán del 1 de octubre al 7 de noviembre.
El control se basa en una cuenta sencilla. «En el caso del aguacate, cada caja que se exporta, se hace el cálculo de cuántos empleos deben corresponder a esa caja, cada caja, dos empleos, por decir algo», explicó Sheinbaum, según Vanguardia. Para estimar cuánta gente debería estar formalizada detrás de cada envío, NotiPress informó que se tomarán como base los pedimentos de exportación.
Las disposiciones que el Diario Oficial publicó el 15 de junio fijan los requisitos: e.firma, registro patronal ante el IMSS, RFC, datos de todos los integrantes de la cadena y las toneladas por exportar. La STPS tiene como máximo cinco días para contestar, y si no lo hace el certificado se da por concedido. Para contrastar lo que cada exportador declara, la dependencia cotejará datos con las autoridades fiscales, el IMSS y las secretarías de Economía y de Agricultura, según El Economista. Ese medio señaló en junio que los factores técnicos y los procedimientos de verificación todavía estaban pendientes de definirse.
En esas mismas reglas, el piloto de 12 meses no contemplaba frenar el pedimento de exportación por no tener certificado. El calendario que la STPS dio a conocer en septiembre cambió eso: desde el 1 de octubre el certificado es obligatorio. Del 1 de octubre al 7 de noviembre, los participantes tienen que subir los datos de productores, huertos e integrantes de la cadena, según El Economista. El régimen permanente llegará en noviembre de 2027, fecha que fijó la STPS, una vez que el registro patronal del IMSS y los factores técnicos laborales se hayan incorporado poco a poco.
El hoyo entre las huertas
Con el aguacate arranca el esquema, pues es el primer producto sujeto al certificado. Durante 2025, las exportaciones mexicanas de aguacate sumaron 3,906 millones de dólares; 87 % fue a Estados Unidos y Michoacán aportó nueve de cada 10 ventas al exterior, de acuerdo con Expansión. Este año el sector ya vivió una pausa: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendió inspecciones en Michoacán del 5 al 13 de agosto por alertas de seguridad que afectaban a su personal.
El número que más pesa lo aportó Víctor Manuel Mendoza Pantoja, que es secretario general de la Cocena y habla por trabajadores de empacadoras. Mendoza citó estimaciones del sector: de más de 200,000 personas que cortan, empacan o procesan aguacate, solo cerca de 57,000 aparecen inscritas en el IMSS, según El Economista. Para el dirigente, cruzar bases de datos no alcanza si no hay inspección en campo. También pidió vigilar la subcontratación de cuadrillas de corte y la simulación salarial que practican sindicatos de protección.
Expansión publicó una cifra de autoridades federales: hasta 87 % de la gente que trabaja el campo mexicano lo hace en la informalidad. Desde la industria, sin embargo, se describe otra realidad en las zonas que exportan. Aneberries, la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, tiene como vicepresidente de Productores a Juan Pablo Molina Baranzini, quien recurrió ante Expansión a un estudio del Wilson Center Mexico Institute y Jornamex. Según ese trabajo, entre 23 % y 25 % de la agricultura del país es formal, aunque en regiones agroexportadoras como San Quintín la proporción puede superar 70 %.
A quién le toca pagar
El papel en sí sale gratis y se gestiona por internet, sin visitas a ventanilla, según el compromiso oficial que recogió Expansión. Donde sí se gasta es en las cuotas obrero-patronales. Un decreto de 2007 se ocupa de los trabajadores eventuales del campo; el Diario Oficial lo modificó el 17 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los patrones reciben estímulos fiscales si registran salarios de hasta 3.60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o hasta 4.50 en la zona libre de la frontera norte. Lo explicó Carolina Griselda Cisneros Prado, quien como titular encabeza la Coordinación de Afiliación del IMSS. Con corte a junio, había 2,159 patrones y 68,538 trabajadores eventuales dentro del esquema en todo México, atendidos por 128 promotores del IMSS dedicados al campo.
Desde el 8 de agosto rigen las reglas de ese decreto: altas y bajas se reportan solo por la plataforma IDSE, y quien contrate a terceros para la cosecha responde de forma solidaria, según IDC. Eso alcanza a quienes subcontratan cuadrillas de corte, justo lo que la Cocena pidió vigilar. Culto Diario revisó los documentos públicos del programa y no localizó una estimación oficial del costo total para la industria.
Entre productores y analistas hay respaldo al objetivo, pero con condiciones. En marzo, Juan Carlos Anaya, director general de GCMA (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas), le planteó a El Economista que «La certificación laboral no debe convertirse en una carga administrativa o financiera adicional que recaiga exclusivamente sobre el sector exportador». Molina Baranzini, por su lado, advirtió que «el sector agrícola opera en regiones donde muchas veces no hay internet o incluso electricidad».
Las fechas que vienen
La primera revisión cae el 7 de noviembre: ese día vencen los certificados iniciales y termina la carga de datos de huertos y productores. Las berries se sumarán a VELAGRO en 2027, de acuerdo con las preguntas frecuentes de la STPS que reproduce TLC Asociados. Por su parte, el decreto de estímulos del IMSS para el campo caduca el 31 de diciembre. MVS Noticias informó que la STPS programa para 2026 más de 38,000 inspecciones laborales, contando todos los sectores. Y la Cocena sostiene que, en la revisión del T-MEC, la vigilancia efectiva de los derechos laborales será un punto central de evaluación. Esa central ya había analizado en julio, con la Embajada de Estados Unidos, las condiciones laborales en la cadena del aguacate.
