Con su resolución del 6 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por buenas las reformas de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Esos cambios permiten que el gobierno entregue a empresas paraestatales, sin licitación pública, aeropuertos y el servicio de transporte aéreo nacional regular. Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional tiene respaldo legal firme para seguir al frente de Mexicana de Aviación y de 13 aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Infobae informa que nadie votó en contra y que el proyecto fue de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
los asignatarios del Estado tienen fines de servicio público y no de lucro
Qué podrán hacer las paraestatales
Milenio describe que la reforma autoriza a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a otorgar títulos de asignación, sin concurso, a entidades paraestatales. Con ellos pueden administrar, operar, explotar y construir aeropuertos, además de prestar el transporte aéreo nacional regular. Entre los fines declarados, el diario menciona dos: recobrar la Categoría 1 en seguridad aérea y abrir la puerta a que la Defensa tuviera una aerolínea comercial.
La reforma tocó además el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos. Ese precepto vedaba a las aerolíneas ser dueñas de más de 5 % de una concesionaria aeroportuaria, y las paraestatales quedaron exentas, reporta Infobae.
Mexicana y AIFA en cifras
Los vuelos comerciales de Mexicana de Aviación arrancaron el 26 de diciembre de 2023. En ese primer año llevó a 382,011 pasajeros, alrededor de 13 % de la meta proyectada para 2027, de 3 millones de pasajeros al año, según El Informador. Entre enero y septiembre de 2024 el gobierno le dio más de 1,474 millones de pesos, sin contar otras aportaciones fiscales, para tapar el hueco entre sus gastos y sus ingresos, de acuerdo con El País. Ya en enero de 2025 recortó 8 de sus 17 rutas, entre ellas Acapulco, Campeche, Uruapan y Puerto Vallarta, mientras se revisaba el convenio con Transportes Aéreos Regionales (TAR) para arrendar aviones con tripulación, informó El País.
El AIFA se inauguró el 21 de marzo de 2022. Según su presupuesto original costaría 84,000 millones de pesos, pero el costo reportado rondaba ya los 115,981 millones, de acuerdo con datos recopilados por Wikipedia. Infobae agrega tres datos: se espera que el aeropuerto supere los 8.3 millones de pasajeros en 2026; la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se mudó por decreto a Santa Lucía; y el aeropuerto de Tulum, que administra la Defensa, enfrenta dificultades porque las aerolíneas comerciales redujeron el servicio.
El mismo día la Corte validó, según Infobae, otra reforma, propuesta por el ministro Irving Espinosa: la de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que fija asignaciones por tiempo indefinido para empresas paraestatales. Ese esquema respalda la operación del Tren Maya.
El reparo de la Cofece y lo que respondió la Corte
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había recomendado no aprobar la reforma cuando se discutía. Su advertencia, recogida por Infobae, fue que el texto podía impedir que existieran condiciones de neutralidad competitiva en el transporte aéreo y la administración de aeropuertos.
Ortiz Ahlf respondió, según Infobae, que los riesgos mencionados eran apenas posibilidades y no un vicio de las normas impugnadas. Milenio añade que desestimó por infundados los planteamientos de violación a la igualdad, la libre concurrencia y la competencia.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, planteó que los asignatarios del Estado tienen fines de servicio público y no de lucro, mientras que los concesionarios privados buscan ganancias. Por su parte, Giovanni Figueroa Mejía señaló que el Congreso tiene facultades constitucionales para legislar sobre vías de comunicación, y la ministra María Estela Ríos González aseguró que la reforma no atribuye funciones indebidas a autoridades militares, según Milenio.
Lo que sigue en pie
Con la resolución, la SICT puede seguir otorgando asignaciones directas a paraestatales para aeropuertos y transporte aéreo regular, sin licitación. La dictó la Corte conformada tras la elección judicial de 2025.
