Que México y Estados Unidos colaboren en seguridad no puede quedar al arbitrio de la química entre un gobernador y el embajador de turno, ni de lo que se muestre cada mañana en Palacio Nacional. Hacen falta normas que cualquiera pueda leer y un registro público de lo que se permite. La academia policial que Querétaro empezó a levantar junto con la embajada deja ver que ambas cosas faltan: el gobierno estatal se comportó como si no hubiera trámite y el federal, en vez de aplicarlo, lo convirtió en tema de conferencia.
Ceremonia en Querétaro, sin la Federación
Todo ocurrió el viernes 2 de octubre en el complejo Rhino, donde tiene sus oficinas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. Ahí, el gobernador Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. Según Infobae, la obra costará más de 30 millones de pesos y debería estar lista en enero de 2027. Johnson dijo que será la primera de su tipo en México y Latinoamérica, pensada para entrenar en la detección de delitos con drogas, armas, dinero y contrabando, y que especialistas de agencias estadounidenses ya dan capacitaciones en Querétaro. Acudieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, y el fiscal estatal. La presidenta sostiene que la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no recibieron invitación.
no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México
Ya el lunes 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia que no ve un delito, aunque el gobernador debe explicarse, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México. La cancillería hablará por separado con el gobernador y con el embajador.
Lo que la ley ya establece
El reclamo federal se apoya en la ley. Según el artículo 117 de la Constitución, los estados no pueden celebrar alianzas, tratados ni coaliciones con potencias extranjeras. A eso se suma que, desde diciembre de 2020 (dos meses después de la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles), la Ley de Seguridad Nacional regula el contacto con agentes extranjeros. El artículo 70 obliga a los funcionarios estatales a entregar a la SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un máximo de tres días, un reporte escrito de cualquier reunión, llamada o intercambio de información con esos agentes. Además, las reuniones deben autorizarse antes en el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, que preside la cancillería, y debe asistir un representante de la SRE. El artículo 71, por su parte, veda a los agentes extranjeros las gestiones directas ante autoridades que no sean la SRE o las dependencias previstas en los convenios.
Queda una pregunta evidente. Si de verdad hay especialistas de agencias estadounidenses preparando a policías queretanos, como afirmó el embajador, ¿cuántas de esas sesiones se reportaron y cuántas contaron con autorización? Johnson, que fue boina verde y funcionario de la CIA y presentó cartas credenciales en mayo de 2025, conoce de sobra la diferencia entre un canal diplomático y un acto público con un gobernador. En abril, dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua durante un operativo antidrogas que el gobierno federal no conocía de antemano, y Sheinbaum mandó una nota diplomática de protesta, según la biografía de Johnson en Wikipedia.
La defensa más sólida del gobernador
La postura del gobierno estatal tiene una defensa razonable. Los estados hacen gran parte del trabajo policial, sus corporaciones requieren una preparación que la Federación no siempre da, y el gobierno federal mismo colabora a diario con agencias de Estados Unidos. Un gobernador puede decir que, si el trámite es lento o poco claro, esperar la autorización equivale a no capacitar a nadie.
Ese argumento tiene peso, pero se queda corto. Cuando un trámite es lento, lo que corresponde es pedir que se agilice y se haga transparente, no saltárselo. Si cada estado hace su propia política de seguridad exterior, el país negocia con 32 voces ante un interlocutor único que, además, aprieta: según Al Jazeera, Washington mandó alrededor de 500 soldados a la frontera después de un supuesto tiroteo desde territorio mexicano que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina aseguran no haber detectado.
Palacio Nacional también queda en entredicho. Mostrar un caso en la mañanera, aunque la razón sea legítima, no es un procedimiento. Para quien incumpla el artículo 70, la ley prevé responsabilidad administrativa o penal. Si hubo una falta, les toca a las instancias previstas determinarla; si no la hubo, la denuncia pública ocupa el lugar de la autoridad. Culto Diario no encontró, hasta donde pudo revisar, ningún registro público de lo que el Grupo de Alto Nivel ha autorizado a los estados, con qué criterios o en qué plazos. Sin él, nadie puede comprobar que la norma se aplique igual a un gobernador del PAN que a uno de Morena.
Tareas pendientes para cada actor
El gobierno de Querétaro tendría que hacer públicos los acuerdos firmados con la embajada o con agencias de Estados Unidos, el origen de los más de 30 millones de pesos de la obra, las agencias que darán los cursos y los informes entregados conforme al artículo 70. Y, si no la tiene, solicitar por escrito a la SRE la autorización que, a decir de la presidenta, necesita una academia internacional.
La cancillería, que preside el Grupo de Alto Nivel, tendría que publicar las disposiciones que rigen a ese órgano, un padrón de los proyectos de cooperación con estados y municipios que ha aceptado o rechazado y un plazo máximo de respuesta. La embajada debe llevar sus programas con gobiernos locales a través de la SRE, como pide la ley. Y el Senado, que según la Constitución analiza la política exterior, podría exigirle a la cancillería un informe sobre este caso y sobre el de Chihuahua.
Con reglas públicas y un padrón abierto, la próxima academia se debatiría con papeles en la mano y no con una foto.
