Estados Unidos puede seguir mandando migrantes a países que no son los suyos, al menos por ahora. Así lo resolvió la Suprema Corte el martes 29 de septiembre, mientras analiza si el gobierno de Donald Trump actúa conforme a la ley. México es el principal receptor: AP calcula que unas 25,000 personas han sido expulsadas de esta forma hacia más de dos docenas de países, y la mayor parte llegó a territorio mexicano.
La orden es breve y no incluye razonamiento alguno. Anula lo que había resuelto un tribunal de menor rango, que detuvo los traslados. Según NPR, las tres integrantes del ala liberal disintieron. En diciembre habrá audiencia, y la Corte quiere que las partes debatan tres cosas: si los tribunales inferiores tenían jurisdicción para emitir medidas de alcance nacional, si la política es legal y si atropella el debido proceso o la Convención contra la Tortura.
México no ha firmado nada de eso
Murphy, derrotado otra vez
Brian Murphy, juez federal en Boston, ha intentado tres veces detener estas deportaciones, y las tres veces la Corte lo ha desautorizado. Su razonamiento: los detenidos no reciben aviso suficiente, y eso viola el debido proceso. En febrero de 2026 declaró ilegal la directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Exigió que a cada persona se le diga por escrito, en un idioma que entienda, hacia qué país la enviarán, que se le pregunte si teme algo ahí y que se estudie su caso cuando manifieste ese temor. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito sostuvo la decisión el 19 de septiembre, de acuerdo con Chequeado.
Para el procurador general John Sauer, la política es «una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores criminales extranjeros». Lo dijo en su solicitud de emergencia del 24 de septiembre, donde también escribió: «Aunque ciertos extranjeros puedan beneficiarse de dilatar su expulsión, la Nación no», según NPR. Esa misma fuente indica que el DHS alegó una pesadilla logística provocada por las restricciones del tribunal de menor rango, con vuelos cancelados y la posibilidad de tensiones diplomáticas.
Trina Realmuto, abogada de los demandantes, enumeró en sus escritos detenciones prolongadas y arbitrarias, golpizas, agresiones sexuales y desapariciones. «Estos daños no pueden deshacerse», escribió, según NPR.
Un destino sin contrato visible
Según Chequeado, The Deportation Project contó 25,447 personas enviadas a terceros países desde el 20 de enero de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026, y cerca del 79 % tuvo a México como destino. Otra estimación viene de Third Country Deportation Watch, proyecto de Human Rights First y Refugees International: unas 20,000 personas que no son mexicanas llegaron al país entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026. Para llegar a esa cifra usaron datos del Instituto Nacional de Migración (INM) que obtuvieron por transparencia hasta junio, y proyectaron el resto del periodo. México no difunde estos números, aunque sí informa de los connacionales repatriados.
No se conoce ningún convenio escrito. Human Rights Watch documentó en mayo que ni el gobierno estadounidense ni el mexicano han hecho público el acuerdo o entendimiento que sustenta los traslados. El mismo documento recuerda que, en marzo de 2026, el Departamento de Justicia aludió a un «acuerdo vigente (no escrito)» con México, en virtud del cual el ICE había deportado en el último año a unos 6,000 cubanos. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, según HRW, llegaron a México 12,977 nacionales de terceros países; 4,353 eran cubanos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha planteado el recibimiento como una medida humanitaria. «Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos», explicó el 24 de junio de 2025, según Infobae. Y sobre la figura de tercer país seguro: «México no ha firmado nada de eso».
Si quienes van a ser trasladados son mexicanos, el gobierno cambia de tono. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó el 21 de agosto que su gobierno acata las decisiones migratorias ajenas, «pero que no compartimos que nuestros connacionales sean trasladados a un tercer país antes de llegar a México», según Forbes. Datos que cita Chequeado: en 2026, Guatemala recibió a 2,284 mexicanos deportados desde Estados Unidos, Honduras a 365 y Costa Rica a 11.
Viaje al sur y largas esperas
En la frontera norte se entrega a los deportados. Después, de acuerdo con HRW, el INM los traslada en autobuses durante dos o tres días, sobre todo hasta Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), y en menor medida a Palenque y Tenosique. Un funcionario mexicano le explicó a esa organización que se busca que les resulte difícil regresar al norte. Al salir les entregan un permiso de unos 10 días para regularizar su situación y les recomiendan solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En el proyecto de presupuesto 2026, la Comar recibió 109 millones de pesos, cuando en 2025 apenas superaba los 47 millones; el INM, 1,961 millones, frente a 1,700 millones. Lo calculó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) en un análisis. HRW añade que en 2023 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aportó más del doble de lo que el gobierno federal asignó a la Comar. Por su parte, Estados Unidos dio 46 millones de dólares a ACNUR México en 2023, 50 millones en 2024 y solo 8 millones en 2025, según HRW, que también registra largas demoras en la tramitación de solicitudes pese a que la ley da 30 días hábiles para empezarlas.
El 26 de agosto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que los centros de recepción de la frontera norte para mexicanos deportados han quedado casi vacíos desde abril, mes en que Estados Unidos empezó a enviarlos en avión al interior del país. A quienes llegan de terceros países, en cambio, los llevan al sur. Ese informe describe que en Tapachula el INM los retiene en la estación Siglo XXI, que para ellos no hay caminos reales de regularización y que, durante el plazo para regularizarse, tienen vedado salir de Chiapas.
Diciembre, la fecha clave
La audiencia es en diciembre y luego vendrá la sentencia; hasta entonces, las deportaciones a terceros países siguen sin las salvaguardas que había ordenado Murphy. En paralelo, el gobierno de Trump comprometió unos 410 millones de dólares en acuerdos con 31 países hasta finales de junio, entre ellos Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, de acuerdo con documentos internos que revisó The Washington Post y que cita Chequeado. Los términos en que México recibe a extranjeros no mexicanos continúan sin publicarse.
