La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre un grupo de trabajo encargado de redactar un decreto que obligue a las plataformas digitales a la «detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia», según el comunicado de Presidencia. Sería una disposición del Ejecutivo, no una ley votada por el Congreso. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) figuran entre los redactores.
El equipo lo coordina la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Educación Pública (SEP) e instituciones académicas. Sheinbaum resumió el propósito en su conferencia matutina: «El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso; es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales».
Tiene que haber una limitación en las plataformas de la propagación de acoso, de abuso sexual
El 1 de octubre, según El Universal, ocurrió el ataque a la Escuela Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, y el anuncio llegó al día siguiente. Uno TV informa que dos agresores mayores de edad mataron a la subdirectora Neri Edith Nevárez González y dejaron a cuatro personas heridas. Los atacantes eran hermanos de 18 años y ya habían publicado en redes videos con armas, de acuerdo con El Universal, que cuenta este caso como el cuarto de jóvenes contra maestros o compañeros dentro de una escuela en este gobierno.
Lo que el anuncio deja sin responder
El comunicado oficial establece un criterio, el de contenidos que «inciten directamente a la violencia», pero no indica quién decidirá cuándo una publicación lo rebasa. Tampoco aclara a qué plataformas alcanzará la norma, de cuánto tiempo dispondrán para retirar un contenido ni qué castigo recibirán si no lo hacen. Queda sin precisar, además, qué implica el «reporte»: si las empresas solo avisarán de lo que borren o si pasarán a las autoridades datos de quien lo publicó. El documento apenas habla de «mecanismos de coordinación con las autoridades competentes».
El alcance creció a los pocos días. Sheinbaum dijo, según El Universal, que el decreto se presentará el jueves 8 de octubre y cubrirá además el acoso, el abuso sexual y la circulación de contenido abusivo. «Tiene que haber una limitación en las plataformas de la propagación de acoso, de abuso sexual», sostuvo, y recordó que «las redes sociales tienen una responsabilidad» porque son el principal medio de comunicación de los jóvenes. Todavía de acuerdo con ese diario, funcionarios federales se acercarían a las empresas durante esa misma semana. La mandataria confía en que las compañías acepten, aunque aseguró que las medidas se aplicarán igual.
La detección es el punto técnico del que menos se ha hablado. Las grandes plataformas ya comparten herramientas para localizar material extremista. La base de hashes del Foro Global de Internet contra el Terrorismo (GIFCT) funciona con huellas digitales de videos, imágenes y documentos, incluidos hashes perceptuales que reconocen contenido visual o estructuralmente similar, según describe el propio GIFCT. Ese sistema, no obstante, se alimenta de material atribuido a entidades terroristas o extremistas violentas que ya están catalogadas. Un video inédito, como los que según El Universal subieron los agresores de Torreón, no está en ninguna base anterior. Para detectarlo hacen falta clasificadores automáticos o revisión humana, con los criterios que cada empresa fija en sus normas comunitarias. El anuncio no dice si el gobierno pondrá sus propios criterios o listas de contenido para esa labor.
Algunos países ya discutieron el asunto en sus congresos. La Unión Europea, por ejemplo, regula la moderación con la Ley de Servicios Digitales, un reglamento que suma deberes para los servicios con 45 millones de usuarios mensuales en la UE o más, según informa la Comisión Europea.
El CNI y el seguimiento en redes
El comunicado de Presidencia incluye compromisos que rebasan lo que se pedirá a las empresas. De acuerdo con el texto, la SSPC, que encabeza Omar García Harfuch, «mantiene monitoreo permanente en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento».
El documento agrega que se reforzarán las capacidades de investigación en fuentes abiertas para «reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios». Añade que «con apoyo del CNI se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos para identificar patrones, amenazas o posibles llamados a cometer actos de violencia». No habla de controles judiciales ni de plazos para ese seguimiento.
En 2018 desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y su lugar lo ocupó el CNI, que hoy es un órgano desconcentrado de la SSPC. Después, en julio de 2025, el Congreso aprobó una nueva ley del sistema de investigación e inteligencia y una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ambas aparecieron en el Diario Oficial el 16 de julio de ese año. Con ellas, el CNI tiene más atribuciones para recabar datos públicos y privados) y puede entrar a la Plataforma Única de Identidad. La oposición y organizaciones civiles las criticaron: veían más poder de vigilancia para el Estado.
Por su parte, la ATDT existe desde el 1 de enero de 2025, la dirige José Antonio Peña Merino y desde entonces concentra la política de telecomunicaciones del gobierno federal. Ni el comunicado ni lo dicho después explican qué papel tendrá en la aplicación del decreto.
Lo que ya existe y lo que viene
La figura federal que más se parece a una orden de retirar contenidos es la «notificación y retirada» de la Ley Federal del Derecho de Autor, vigente desde 2020. El 25 de septiembre, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lanzó una alerta: la reforma a esa ley que analiza la Cámara de Diputados podría «incentivar el monitoreo de la actividad en línea, la eliminación preventiva de contenidos». La organización también objetó, en octubre de 2025, los cambios al Código Fiscal, pues los servicios digitales deben darle al SAT acceso «en línea y en tiempo real» a su información, y quien no lo haga puede ser bloqueado de forma temporal.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, planteó que las plataformas tienen que responsabilizarse de los contenidos de violencia y demostrar que son lugares seguros para menores. De acuerdo con Presidencia, la SEP dará más peso al programa «ABC de las emociones», con asambleas con padres de familia y buzones confidenciales para detectar situaciones de riesgo.
El gobierno también anunció que impulsará reformas legales para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales. Eso sí pasaría por el Congreso, cosa que el decreto no necesita. Programado para el 8 de octubre, el texto del decreto será el primer documento donde se podrá leer la definición de «contenido violento», los plazos de retiro y lo que concretamente harán el CNI y la ATDT.
