Cuatro generales subieron el jueves 8 de octubre al podio de Palacio Nacional para hablar de cuatro empresas del Estado: una aerolínea, un aeropuerto, un tren y un consorcio que reúne doce aeropuertos, hoteles, parques y gasolineras. Hubo números de pasajeros, rutas, carga en toneladas y combustible en litros; el AIFA agregó una proyección de ingresos y costos de operación. Nadie dijo cuánto pierde cada empresa, qué parte de su operación paga el erario ni quién verificó los números. Una conferencia matutina no equivale a un reporte financiero. Mexicana, el AIFA, el Tren Maya y Grupo Mundo Maya deben presentar, ante la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, sus estados financieros dictaminados y lo que le cuesta al fisco cada una.
Lo que sí se mostró
Leobardo Ávila Bojórquez, general y director de Mexicana de Aviación, dijo que la aerolínea lleva 1,276,152 pasajeros transportados desde que arrancó. En lo que va de 2026 son 31 % más que en 2025. Hoy opera con 10 aviones, que serán 12 a fin de año, y desde junio ofrece 83 % más asientos. Ávila reportó 847 empleos directos. En representación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general brigadier Isidoro Pastor Román presumió el primer lugar nacional en carga aérea, con más de 1.35 millones de toneladas, además de 22.6 millones de pasajeros acumulados y 179,505 operaciones. Del Tren Maya habló el general brigadier Manuel Jaime Ramírez Camacho: 2,944,289 pasajeros a lo largo de 1,554 kilómetros de vía. El general de división Ricardo Flores González, por su parte, listó los activos de Grupo Mundo Maya: 13 estaciones de combustible, 12 aeropuertos, 7 hoteles, 5 gasolineras, 4 parques y 2 museos.
Los cuatro omitieron las pérdidas, los subsidios y las transferencias del presupuesto.
Lo que no apareció
Mexicana solo ofreció una fecha como proyección financiera. Excélsior narró en su crónica que el director aseguró que la aerolínea llegará al punto de equilibrio y a la rentabilidad desde 2030, según un plan «perfectamente establecido». Pero nadie mostró ese plan: faltan los supuestos de ocupación, las tarifas y lo que costarán los aviones por llegar. La fecha, además, no es nueva, pues la empresa ya la daba en enero de 2025, según El País. Faltan poco más de tres años para 2030; la aerolínea, mientras tanto, opera desde diciembre de 2023.
Los pocos datos de costo que existen no vienen de la mañanera. Según El País, en enero de 2025, entre enero y septiembre de 2024 Mexicana gastó en operar más de 1,700 millones de pesos. Los boletos le dejaron 243.1 millones, y del Gobierno recibió más de 1,474 millones, aparte de otras aportaciones fiscales. Ese diario añadió que la aerolínea acababa de cancelar 8 de sus 17 rutas. Si en ese momento llegaban seis pesos del erario por cada peso vendido en boletos, el jueves debió empezar por informarse esa misma cuenta, actualizada.
El AIFA fue más generoso con las cifras, pero tampoco completó el cuadro. Uno TV reportó que estima, para 2026, ingresos de 3,308.7 millones de pesos frente a costos de operación de 2,800 millones. Es un margen operativo: deja fuera la amortización de la obra y el costo del aeropuerto para el presupuesto federal. Y el «punto de equilibrio financiero» que, según su director, se alcanzó en el primer trimestre de 2024 no dice si la inversión se recupera.
Del Tren Maya no hubo ni una cifra de ingresos. Su proyección, en palabras que reprodujo Uno TV, pone el punto de equilibrio económico a largo plazo, «de 2032 en adelante», y una meta de 4 millones de pasajeros para 2030. Hasta hoy, desde su arranque en 2023, lleva 2.94 millones con 42 trenes y 1,554 kilómetros de vía. Sin la tarifa promedio ni el costo de operar, es imposible calcular cuánto aporta el contribuyente por cada boleto. Tampoco se conoce el resultado consolidado de Grupo Mundo Maya, que junta aeropuertos, hoteles, parques y venta de combustible.
La defensa de estas empresas
La defensa seria existe y vale la pena reconocerla. En México y en cualquier parte, la infraestructura de transporte casi nunca deja ganancias en sus primeros años, y los trenes de pasajeros rara vez las dejan. Una aerolínea del Estado puede volar rutas que ninguna empresa privada cubre, y un aeropuerto puede justificarse por su carga y por los empleos que genera, aunque jamás recupere lo invertido. Exigir utilidades a un servicio público sería un error.
Pero esa defensa exige más transparencia, no menos. Un subsidio solo es legítimo como política pública si tiene monto, destino y responsable, y quien lo autoriza es la Cámara de Diputados cuando vota el Presupuesto de Egresos. Si Mexicana o el Tren Maya van a depender de transferencias por años, el Congreso necesita conocer la suma y los demás gastos con los que compite. La Suprema Corte declaró constitucionales, el 6 de octubre, las reformas que autorizan entregar aeropuertos y transporte aéreo a empresas paraestatales sin licitación; es la base legal con la que la Defensa opera Mexicana y 13 aeropuertos, según publicó Culto Diario. Que el control militar sea legal no resuelve la rendición de cuentas, y las diapositivas de pasajeros no la cumplen.
Qué hay que pedir
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tiene tiempo contado. El artículo 74 de la Constitución obliga a aprobar el Presupuesto de Egresos de 2027 a más tardar el 15 de noviembre. Antes de esa fecha, la comisión debería llamar a los cuatro directores y pedirles por escrito lo siguiente: estados financieros de 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, dictaminados por un auditor externo; el monto de subsidios, aportaciones de capital y transferencias que cada empresa recibió, sea por la Defensa o por Hacienda; las pérdidas acumuladas, y el plan de negocio con el que Mexicana promete ser rentable en 2030, con sus supuestos.
A la Auditoría Superior de la Federación le toca incluir auditorías financieras y de desempeño de las cuatro empresas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, y dar a conocer los resultados sin reservas generales. Si los números que los generales presentaron el jueves son buenos, resistirán una auditoría. Si no, el país debe saberlo antes de aprobar otro año de dinero público para ellas.
